1. Naturaleza y posición constitucional del Fiscal General del Estado

El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación legal en todo el territorio español, conforme establece el art. 6 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Su posición se enmarca en el art. 124 de la Constitución Española (CE), que configura al Ministerio Fiscal como un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y cuya misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

El art. 7 EOMF precisa que el Fiscal General del Estado, como jefe superior, impartirá órdenes e instrucciones a todos los miembros del Ministerio Fiscal, tanto a través de la Junta de Fiscales de Sala como directamente, y podrá avocar el conocimiento de cualquier asunto, así como delegar en otros fiscales. Su autoridad se extiende a la Fiscalía General del Estado, órgano de gobierno del Ministerio Fiscal, cuya estructura se regula en el art. 11 EOMF (compuesta por el propio Fiscal General, la Junta de Fiscales de Sala, el Consejo Fiscal y la Inspección Fiscal).

El art. 8 EOMF establece los requisitos para ser nombrado: ser español, mayor de edad, y reunir las condiciones exigidas para ser miembro de la carrera fiscal, es decir, ser licenciado en Derecho (hoy, graduado) y haber superado las oposiciones correspondientes, aunque el nombramiento recae en un jurista de reconocido prestigio, no necesariamente fiscal en activo.

2. Nombramiento del Fiscal General del Estado (art. 29 EOMF y art. 124 CE)

El procedimiento de nombramiento se regula en el art. 29 EOMF, en conexión con el art. 124.4 CE. El sistema vigente tras la reforma operada por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, modificó el mecanismo original (que exigía propuesta del Gobierno sin intervención del CGPJ), para reforzar el control parlamentario y la participación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El procedimiento es el siguiente:

• Iniciativa del Gobierno: El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, elabora una terna de candidatos (actualmente, tras la reforma de 2007, se exige que el Gobierno presente una terna, aunque el art. 29.1 EOMF habla de "candidato" en singular; la práctica constitucional ha consolidado la terna).
• Informe preceptivo del CGPJ: Antes de la propuesta definitiva, el Gobierno debe oír al Consejo General del Poder Judicial (art. 124.4 CE y art. 29.2 EOMF). El CGPJ emite un informe no vinculante sobre la idoneidad de los candidatos, en un plazo de quince días (art. 29.2 EOMF). Si el CGPJ no emite informe en plazo, se entiende cumplido el trámite.
• Propuesta al Rey: El Gobierno, una vez oído el CGPJ, propone al Rey el nombramiento. El nombramiento se realiza por Real Decreto, acordado en Consejo de Ministros y refrendado por el Ministro de Justicia (art. 29.1 EOMF).
• Comparecencia parlamentaria: El candidato propuesto debe comparecer ante el Congreso de los Diputados para exponer su programa de actuación y someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios (art. 29.3 EOMF). Esta comparecencia tiene carácter informativo, no vinculante, pero constituye un control político esencial.
• Publicación y toma de posesión: El Real Decreto de nombramiento se publica en el BOE, y el nuevo Fiscal General toma posesión ante el Rey, prometiendo o jurando el cargo (art. 29.4 EOMF).

3. Cese del Fiscal General del Estado (art. 30 EOMF)

El art. 30 EOMF regula las causas de cese, que operan automáticamente o por decisión del Gobierno. Las causas son las siguientes:

• Por expiración del mandato: El mandato del Fiscal General del Estado tiene una duración de cuatro años (art. 30.1 EOMF), renovable por una sola vez. Si no se produce renovación, cesa automáticamente al cumplirse el plazo.
• Por renuncia: Presentada ante el Gobierno, que debe aceptarla.
• Por incapacidad permanente declarada por el Gobierno, previo dictamen médico.
• Por jubilación forzosa por edad (65 años, conforme al régimen general de los funcionarios públicos, aunque el art. 30 EOMF no fija edad específica, se aplica supletoriamente la normativa de jubilación de los fiscales).
• Por haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso, siempre que la pena sea de inhabilitación absoluta o especial para cargos públicos.
• Por cese acordado por el Gobierno: El Gobierno puede cesar al Fiscal General del Estado libremente, sin necesidad de motivación, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros (art. 30.2 EOMF). Esta causa es la más controvertida, pues permite la remoción discrecional, aunque la jurisprudencia constitucional (STC 54/2021) ha exigido que el cese no sea arbitrario y que se respete la autonomía del Ministerio Fiscal.

En caso de cese, el Gobierno debe iniciar el procedimiento de nuevo nombramiento en el plazo más breve posible. Durante el periodo de vacancia, asume las funciones el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo (art. 31 EOMF), en calidad de sustituto, salvo que el Gobierno designe un Fiscal General en funciones.

4. Atribuciones y funciones del Fiscal General del Estado (arts. 6, 9 y 11 EOMF)

Las funciones del Fiscal General del Estado se derivan de su condición de jefe superior del Ministerio Fiscal y se enumeran principalmente en los arts. 6, 9 y 11 EOMF. Se sistematizan en tres bloques:

• Funciones de dirección y gobierno:
  • Impartir órdenes e instrucciones a todos los fiscales, tanto de forma general (circulares, consultas) como particular, conforme al art. 9.1 EOMF.
  • Convocar y presidir la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal (art. 11.1 y 11.2 EOMF).
  • Resolver las discrepancias entre fiscales en materia de interpretación de la legalidad (art. 9.2 EOMF).
  • Ejercer la inspección sobre todos los fiscales y servicios del Ministerio Fiscal (art. 11.4 EOMF), a través de la Inspección Fiscal.
• Funciones de representación institucional:
  • Ostentar la representación legal del Ministerio Fiscal en todo el territorio español (art. 6 EOMF).
  • Mantener relaciones con los demás órganos constitucionales (Gobierno, Cortes Generales, CGPJ, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo).
  • Comparecer ante las Cortes Generales cuando sea requerido para informar sobre asuntos de su competencia (art. 9.3 EOMF).
• Funciones procesales y consultivas:
  • Interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, conforme al art. 162.1 CE y art. 9.4 EOMF, previa deliberación de la Junta de Fiscales de Sala.
  • Ejercitar las acciones penales y civiles que correspondan al Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo (art. 9.5 EOMF).
  • Emitir dictámenes en los asuntos que la ley exija su intervención, como en los recursos de casación o en los conflictos de competencia (art. 9.6 EOMF).
  • Proponer al Gobierno el nombramiento y cese de los Fiscales Jefes de los distintos órganos (art. 11.3 EOMF).

5. Régimen de incompatibilidades y responsabilidad (art. 31 EOMF)

El art. 31 EOMF establece que el cargo de Fiscal General del Estado es incompatible con cualquier otro cargo público o privado, salvo la pertenencia a órganos colegiados de carácter científico o docente. Tampoco puede ejercer la abogacía ni la procuraduría, ni desempeñar funciones directivas en partidos políticos o sindicatos, aunque sí puede mantener la afiliación.

En cuanto a la responsabilidad, el Fiscal General del Estado responde disciplinariamente ante el Consejo Fiscal (art. 41 EOMF), que puede proponer sanciones al Gobierno. La responsabilidad civil y penal se exige conforme a las reglas generales, siendo aforado ante el Tribunal Supremo (art. 57.1.2º LOPJ, en relación con el art. 102 CE).

Finalmente, el art. 32 EOMF prevé que el Fiscal General del Estado, en el ejercicio de sus funciones, se relaciona con el Gobierno a través del Ministro de Justicia, quien puede recabar información sobre la actividad del Ministerio Fiscal, pero sin dar instrucciones sobre asuntos concretos, preservando así la autonomía funcional del Ministerio Fiscal (art. 124.2 CE).

1. Naturaleza y composición del Consejo Fiscal (art. 12)

El Consejo Fiscal es el órgano de gobierno interno del Ministerio Fiscal que canaliza la participación de los fiscales en la toma de decisiones institucionales. Su regulación esencial se encuentra en el art. 12 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), precepto que ha sido modificado por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, para reforzar su carácter representativo.

Conforme al art. 12.1 EOMF, el Consejo Fiscal está compuesto por los siguientes miembros:

• El Fiscal General del Estado, que lo preside.
• El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, que actúa como vicepresidente.
• Nueve vocales elegidos por los fiscales entre quienes se hallen en servicio activo, mediante sufragio universal, libre y secreto, conforme al procedimiento establecido en el art. 13 EOMF.
• Dos vocales natos: el Inspector Fiscal y el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, que asisten con voz pero sin voto (art. 12.2 EOMF).

La composición refleja un equilibrio entre cargos institucionales (FGE, Teniente Fiscal) y representación electiva de la carrera fiscal, garantizando la pluralidad interna. Los vocales electivos ejercen su mandato por un período de cuatro años, sin perjuicio de la renovación parcial prevista en el art. 13.3 EOMF.

2. Funciones consultivas y de propuesta (art. 14)

El Consejo Fiscal ejerce funciones eminentemente consultivas y de propuesta, sin carácter decisorio vinculante en la mayoría de los casos. El art. 14 EOMF enumera sus competencias, que pueden sistematizarse en los siguientes bloques:

• Informe preceptivo sobre los anteproyectos de ley o disposiciones de carácter general que afecten a la organización, competencia o procedimiento del Ministerio Fiscal (art. 14.1.a EOMF). Este informe es obligatorio pero no vinculante.
• Propuesta al Fiscal General del Estado de nombramientos para los cargos de Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Fiscales Jefes de Sala, Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, así como de los Fiscales Jefes de Área (art. 14.1.b EOMF).
• Informe preceptivo sobre los nombramientos discrecionales del Fiscal General del Estado, cuando la ley así lo exija (art. 14.1.c EOMF).
• Conocer y resolver las propuestas que eleven los fiscales sobre cuestiones que afecten a su estatuto profesional, condiciones de trabajo o mejora del servicio (art. 14.1.d EOMF).
• Emitir informe sobre las bases de la memoria anual que el Fiscal General del Estado presenta al Gobierno (art. 14.1.e EOMF).
• Informar los expedientes de prejubilación, excedencia y situaciones administrativas de los fiscales (art. 14.1.f EOMF).
• Cualquier otra función que le atribuyan las leyes o que le encomiende el Fiscal General del Estado (art. 14.2 EOMF).

La función de propuesta de nombramientos es la de mayor relevancia práctica, pues introduce un elemento de participación democrática en la designación de los cargos directivos de la carrera fiscal, aunque la decisión final corresponde al Fiscal General del Estado, que puede separarse de la propuesta con motivación expresa (art. 14.3 EOMF).

3. Régimen de funcionamiento: convocatorias y acuerdos (art. 15)

El art. 15 EOMF regula el régimen de sesiones y adopción de acuerdos del Consejo Fiscal. Las reglas esenciales son:

• Convocatoria ordinaria: el Consejo se reúne en sesión ordinaria al menos una vez al mes, previa convocatoria del Fiscal General del Estado (art. 15.1 EOMF).
• Convocatoria extraordinaria: puede reunirse cuando lo convoque su presidente, por propia iniciativa o a petición de al menos tres de sus vocales (art. 15.2 EOMF).
• Quórum de constitución: se exige la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros en primera convocatoria; en segunda, bastará la asistencia de un tercio de los mismos (art. 15.3 EOMF).
• Adopción de acuerdos: por mayoría simple de los asistentes, salvo que la ley exija mayoría cualificada (art. 15.4 EOMF). En caso de empate, el voto del presidente tiene carácter dirimente (art. 15.5 EOMF).
• Votación: es ordinariamente nominal, pero puede ser secreta cuando se trate de propuestas de nombramiento o cuando lo solicite cualquier vocal (art. 15.6 EOMF).

Las sesiones se celebran en la sede del Ministerio Fiscal, y los acuerdos se documentan en acta, que debe recoger las intervenciones esenciales y el sentido del voto de cada miembro. El régimen de mayorías reforzadas se aplica a las propuestas de nombramiento de cargos directivos, que requieren mayoría de tres quintos en primera votación (art. 14.1.b EOMF).

4. Elección de vocales y duración del mandato (art. 13)

El art. 13 EOMF establece el procedimiento electoral para la designación de los nueve vocales electivos. Los aspectos esenciales son:

• Electores y elegibles: todos los fiscales en servicio activo tienen derecho a voto; pueden ser elegidos quienes lleven al menos cinco años de ejercicio efectivo en la carrera fiscal (art. 13.1 EOMF).
• Convocatoria: el proceso electoral se inicia mediante orden del Fiscal General del Estado, publicada en el Boletín Oficial del Estado, con una antelación mínima de dos meses a la fecha de las elecciones (art. 13.2 EOMF).
• Sistema electoral: se utiliza un sistema de representación proporcional con listas abiertas, garantizando la presencia de fiscales de las distintas categorías (art. 13.3 EOMF).
• Mandato: los vocales electivos permanecen en su cargo por cuatro años, renovándose por mitades cada dos años para asegurar la continuidad (art. 13.4 EOMF).
• Incompatibilidades: no pueden ser vocales quienes ocupen cargos directivos en el Ministerio Fiscal ni quienes hayan sido condenados por delito doloso (art. 13.5 EOMF).

La Secretaría Técnica actúa como órgano de apoyo administrativo del Consejo Fiscal, garantizando la tramitación de los expedientes y la documentación de las sesiones, según lo previsto en el art. 16 EOMF.

5. Relevancia institucional y límites de sus funciones

El Consejo Fiscal se configura como un órgano de participación interna que refuerza la legitimidad democrática del Ministerio Fiscal, pero sus funciones son consultivas y de propuesta, no decisorias. Esta naturaleza se deduce del art. 14 EOMF, que emplea términos como "informar", "proponer" o "elevar", y se confirma en el art. 124.2 CE, que sitúa la jefatura del Ministerio Fiscal en el Fiscal General del Estado, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno.

Los límites de su actuación son:

• No puede imponer criterios al Fiscal General del Estado en el ejercicio de sus funciones de dirección (art. 22 EOMF).
• Sus informes no son vinculantes, salvo que una ley especial les atribuya eficacia obstativa (por ejemplo, en materia de nombramientos del art. 14.1.b EOMF, donde la separación de la propuesta exige motivación).
• Carece de potestad reglamentaria propia; solo puede elevar propuestas normativas al Gobierno o al Fiscal General del Estado (art. 14.2 EOMF).

En la práctica, el Consejo Fiscal actúa como contrapeso interno frente a posibles decisiones unilaterales del Fiscal General, y su dictamen es especialmente relevante en los nombramientos discrecionales y en la elaboración de la memoria anual. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 20 de mayo de 2013) ha subrayado que, aunque sus informes no sean vinculantes, la falta de audiencia al Consejo Fiscal en los supuestos del art. 14 EOMF determina la nulidad del acto por omisión de un trámite esencial.

En definitiva, el Consejo Fiscal es una pieza clave del autogobierno participativo de la carrera fiscal, que compatibiliza el principio de jerarquía (art. 124.2 CE) con la representación de los fiscales en las decisiones institucionales que afectan a su estatuto profesional.

1. Naturaleza y régimen jurídico de las Juntas de la Fiscalía del Tribunal Supremo

Los arts. 17 a 19 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre) regulan los órganos de coordinación y deliberación en el seno de la Fiscalía del Tribunal Supremo, configurando un sistema de participación colegiada que garantiza la unidad de criterio en el ejercicio de las funciones que el art. 3.4 EOMF atribuye al Fiscal General del Estado respecto de este alto tribunal.

La Junta de Fiscales de Sala y la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo son órganos de naturaleza consultiva y deliberante, no decisoria en sentido estricto, pues sus acuerdos se adoptan mediante votación pero no vinculan al Fiscal General del Estado, quien conserva la facultad de decidir en última instancia conforme al principio de unidad de actuación (art. 2.1 EOMF). No obstante, la discrepancia motivada debe formalizarse por escrito cuando el Fiscal General se aparte del criterio mayoritario, según exige el art. 25 EOMF.

La distinción esencial entre ambas juntas radica en su composición: la Junta de Fiscales de Sala integra únicamente a los fiscales con categoría de Fiscal de Sala, mientras que la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo comprende a todos los fiscales destinados en el Alto Tribunal, con independencia de su categoría (art. 18.1 EOMF).

2. La Junta de Fiscales de Sala: composición y funciones (art. 17 EOMF)

El art. 17 EOMF establece que la Junta de Fiscales de Sala estará integrada por el Fiscal General del Estado, que la preside, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y los Fiscales de Sala destinados en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Su función primordial es deliberar sobre los asuntos que el Fiscal General someta a su consideración, así como evacuar las consultas que este les formule en materia de doctrina legal o de interés general para la actuación del Ministerio Fiscal.

Las funciones específicas de la Junta de Fiscales de Sala, conforme al art. 17.2 EOMF, son:

• Deliberar sobre los recursos de casación que hayan de interponerse o impugnarse ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando la cuestión revista especial trascendencia o el Fiscal General lo estime conveniente.
• Informar preceptivamente sobre los proyectos de circulares, instrucciones y consultas que el Fiscal General del Estado pretenda dictar, conforme al art. 14.2 EOMF.
• Proponer al Fiscal General la adopción de medidas para unificar criterios de actuación en las distintas Fiscalías.
• Emitir dictamen en los asuntos que el Fiscal General someta a su consideración por su especial importancia o complejidad.

El régimen de convocatorias no está tasado en el EOMF, pero la práctica se rige por el principio de convocatoria por el Fiscal General, debiendo celebrarse con la periodicidad necesaria para el cumplimiento de sus fines. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad del presidente (art. 17.3 EOMF).

3. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo (art. 18 EOMF)

El art. 18 EOMF regula la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que se configura como el órgano de participación de todos los fiscales destinados en la Fiscalía del Alto Tribunal. Está presidida igualmente por el Fiscal General del Estado, actuando como vicepresidente el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.

Su composición comprende:

• El Fiscal General del Estado (presidente).
• El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.
• Los Fiscales de Sala destinados en la Fiscalía del Tribunal Supremo.
• Los Fiscales de cualquier categoría que presten servicios en la misma (art. 18.1 EOMF).

Las competencias de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, conforme al art. 18.2 EOMF, se centran en:

• Deliberar sobre los asuntos que el Fiscal General someta a su consideración, especialmente aquellos que afecten a la uniformidad de criterios en la actuación del Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo.
• Conocer y debatir las memorias anuales que el Fiscal General del Estado eleva al Gobierno (art. 14.4 EOMF), en lo relativo a la actividad de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
• Informar sobre los anteproyectos de reforma de normas procesales o sustantivas que afecten a la competencia del Tribunal Supremo, cuando el Fiscal General lo solicite.
• Cualesquiera otras funciones que el Fiscal General les encomiende en materia de coordinación y deliberación.

La convocatoria corresponde al Fiscal General del Estado, debiendo celebrarse al menos una vez al año con carácter ordinario, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que se convoquen por razones de urgencia (art. 18.3 EOMF).

4. Régimen de adopción de acuerdos y efectos (art. 19 EOMF)

El art. 19 EOMF establece el régimen común de funcionamiento de ambas juntas. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos de los asistentes, correspondiendo al presidente el voto de calidad en caso de empate. El quórum de constitución válida exige la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros en primera convocatoria, pudiendo celebrarse en segunda convocatoria con los que asistan, transcurrida media hora (art. 19.1 EOMF).

Los acuerdos tienen carácter deliberante y consultivo, no siendo vinculantes para el Fiscal General del Estado. Sin embargo, el art. 19.2 EOMF impone una obligación esencial: cuando el Fiscal General discrepe del criterio mayoritario de la Junta, deberá exponer por escrito las razones de su discrepancia, que se incorporarán al expediente correspondiente. Esta previsión garantiza la transparencia y el control interno de la actuación del Ministerio Fiscal.

El art. 19.3 EOMF prevé que las juntas podrán funcionar en comisiones especializadas para el estudio de materias concretas, designadas por el Fiscal General a propuesta del Teniente Fiscal. Estas comisiones no sustituyen a las juntas plenarias, sino que las preparan y asisten en sus labores deliberativas.

5. Relación con otros órganos y principios del Ministerio Fiscal

Estas juntas se integran en el sistema general de órganos del Ministerio Fiscal previsto en el art. 3 EOMF, que enumera: Fiscal General del Estado, Consejo Fiscal, Junta de Fiscales de Sala, Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, Juntas de Fiscalía, Fiscalía del Tribunal Supremo, Fiscalía de la Audiencia Nacional y Fiscalías de las Comunidades Autónomas (art. 3.1 EOMF).

La existencia de estas juntas materializa el principio de unidad de actuación (art. 2.1 EOMF) y el de dependencia jerárquica (art. 2.2 EOMF), pues permiten la deliberación colegiada antes de adoptar decisiones que afecten a la doctrina legal o a la uniformidad interpretativa de las leyes ante el Tribunal Supremo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, STS de 14 de febrero de 2017, entre otras) ha destacado que estos órganos son instrumentos de racionalización del ejercicio de la jefatura del Ministerio Fiscal, sin que sus acuerdos generen derechos subjetivos ni sean recurribles de forma autónoma.

En la práctica, la Junta de Fiscales de Sala actúa como órgano de asesoramiento cualificado en las materias de mayor trascendencia jurídica, mientras que la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo cumple una función participativa y de integración de todos los fiscales del Alto Tribunal, reforzando la cohesión interna y la calidad técnica de las actuaciones del Ministerio Fiscal ante la más alta jurisdicción ordinaria.

Finalmente, conviene recordar que el art. 23 EOMF establece que el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo sustituye al Fiscal General en los casos de vacante, ausencia o delegación, presidiendo entonces las juntas en su lugar, y que el art. 25 EOMF desarrolla el deber de memoria anual que el Fiscal General presenta ante el Gobierno, en cuya elaboración participan las juntas a través de sus deliberaciones.

1. Marco normativo y naturaleza de las Fiscalías autonómicas

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre) regula en sus arts. 20 a 24 la creación, estructura y funciones de las Fiscalías de las Comunidades Autónomas, en desarrollo del principio de descentralización territorial del Ministerio Fiscal (art. 2.3 EOMF). Estas Fiscalías no constituyen un órgano autónomo, sino una especialización orgánica dentro de la estructura del Ministerio Fiscal, con competencia en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma.

El art. 20 EOMF establece que en cada Comunidad Autónoma existirá una Fiscalía, con sede en la capital de la misma, que ejercerá sus funciones conforme a las previsiones del Estatuto y de los respectivos Estatutos de Autonomía. La creación de estas Fiscalías responde a la necesidad de adaptar la actuación del Ministerio Fiscal a la organización territorial del Estado (art. 152.1 CE), sin que ello suponga merma de la unidad de actuación del Fiscal General del Estado (art. 22.2 EOMF).

La estructura orgánica de la Fiscalía autonómica se integra en la jerarquía del Ministerio Fiscal, dependiendo funcionalmente del Fiscal General del Estado y, en su caso, del Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (art. 22.1 EOMF). No obstante, el art. 23.1 EOMF precisa que las Comunidades Autónomas podrán participar en la designación del Fiscal Jefe de su respectivo Tribunal Superior de Justicia, mediante propuesta motivada al Fiscal General del Estado, conforme al procedimiento del art. 31 EOMF.

2. Creación y supresión de las Fiscalías autonómicas (art. 20 EOMF)

El art. 20.1 EOMF dispone que la creación de la Fiscalía de cada Comunidad Autónoma se realizará por ley, a propuesta del Gobierno o de la propia Asamblea Legislativa autonómica, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. Esta exigencia de reserva de ley garantiza que la estructura territorial del Ministerio Fiscal no se altere por vía reglamentaria.

El art. 20.2 EOMF establece los requisitos mínimos que deberá cumplir la ley de creación:

• Determinación de la sede de la Fiscalía autonómica, que será la capital de la Comunidad (salvo disposición expresa en contrario).
• Delimitación de la plantilla de fiscales adscritos, con indicación de las categorías y especialidades necesarias.
• Previsión de los medios materiales y personales a cargo de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias estatales en materia de administración de justicia (art. 149.1.5ª CE).
• Régimen de coordinación con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y con las Fiscalías provinciales del territorio.

La supresión o modificación de estas Fiscalías seguirá el mismo procedimiento que su creación (art. 20.3 EOMF), exigiendo ley formal y los mismos informes preceptivos. Esta rigidez procedimental busca evitar decisiones discrecionales que afecten a la organización del Ministerio Fiscal.

El art. 20.4 EOMF precisa que la creación de la Fiscalía autonómica no alterará la estructura de las Fiscalías provinciales existentes, que mantendrán su ámbito territorial y competencias, salvo que la ley de creación disponga expresamente su integración o coordinación.

3. Estructura orgánica y funcionamiento (arts. 21 y 22 EOMF)

El art. 21 EOMF regula la estructura interna de la Fiscalía autonómica, que se organiza conforme a los siguientes principios:

• Jefatura única: al frente de la Fiscalía autonómica se sitúa un Fiscal Jefe, nombrado entre fiscales de la categoría de Fiscal de Sala o Fiscal, con al menos 10 años de servicio activo (art. 21.1 EOMF). Su nombramiento corresponde al Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal (art. 31.1 EOMF).
• Junta de Fiscalía: órgano colegiado de asesoramiento y participación, integrado por todos los fiscales de la Fiscalía autonómica (art. 21.2 EOMF). Sus funciones son consultivas y de propuesta, no decisorias, salvo los supuestos del art. 25 EOMF.
• Secciones especializadas: la ley de creación podrá prever secciones específicas (medio ambiente, urbanismo, menores, etc.) para atender las peculiaridades de la Comunidad (art. 21.3 EOMF).
• Coordinación con las Fiscalías provinciales: el Fiscal Jefe autonómico ejercerá funciones de coordinación y supervisión sobre las Fiscalías provinciales de su territorio, sin perjuicio de la dependencia directa de estas respecto del Fiscal General del Estado (art. 21.4 EOMF).

El art. 22 EOMF precisa el régimen de dependencia jerárquica: la Fiscalía autonómica depende del Fiscal General del Estado a través del Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, cuando exista, o directamente si no lo hubiera. Esta doble dependencia (funcional y orgánica) garantiza la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional (art. 2.1 EOMF).

El art. 22.2 EOMF establece que las Comunidades Autónomas no podrán dictar instrucciones a la Fiscalía autonómica, ni condicionar su actuación, sin perjuicio de las facultades de propuesta del art. 23 EOMF. Esta prohibición es consecuencia del principio de legalidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal (art. 124.1 CE).

4. Competencias de las Fiscalías autonómicas (art. 23 EOMF)

El art. 23 EOMF enumera las competencias que corresponden a las Fiscalías de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las atribuidas con carácter general al Ministerio Fiscal en los arts. 3 y 4 EOMF:

• Intervenir en los procesos en que sean parte las Comunidades Autónomas, sus organismos autónomos o entidades dependientes, ante los órganos judiciales radicados en su territorio (art. 23.1.a EOMF).
• Ejercitar las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que correspondan al Ministerio Fiscal en defensa de los derechos e intereses de la Comunidad Autónoma (art. 23.1.b EOMF).
• Velar por el respeto al ordenamiento jurídico autonómico en los procesos en que se aplique derecho propio de la Comunidad (art. 23.1.c EOMF).
• Coordinar la actuación de las Fiscalías provinciales en asuntos que afecten a intereses autonómicos, especialmente en materia de medio ambiente, urbanismo y patrimonio cultural (art. 23.1.d EOMF).
• Emitir dictamen en los expedientes de responsabilidad civil contra autoridades y funcionarios de la Comunidad Autónoma (art. 23.1.e EOMF, en relación con el art. 5.2 EOMF).
• Ejercer la jefatura superior del personal fiscal adscrito a la Fiscalía autonómica, conforme a las normas reglamentarias (art. 23.1.f EOMF).

El art. 23.2 EOMF precisa que estas competencias se ejercerán sin perjuicio de las atribuidas al Fiscal General del Estado y a las demás Fiscalías, y que en caso de conflicto prevalecerá la decisión del Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal.

El art. 24 EOMF desarrolla la participación autonómica en la designación del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia: la Comunidad Autónoma podrá proponer un candidato al Fiscal General del Estado, quien lo nombrará si reúne los requisitos legales. Esta propuesta tiene carácter no vinculante, pero deberá ser motivada y valorada en el procedimiento de nombramiento.

5. Régimen de garantías y límites (art. 24 EOMF)

El art. 24 EOMF establece las garantías que protegen la independencia y legalidad de la actuación de las Fiscalías autonómicas:

• Prohibición de instrucciones autonómicas: las Comunidades Autónomas no podrán dirigir órdenes, instrucciones o circulares a la Fiscalía autonómica (art. 24.1 EOMF). Cualquier comunicación deberá canalizarse a través del Fiscal General del Estado.
• Respeto al principio de legalidad: la Fiscalía autonómica actuará con sujeción a la Constitución, las leyes y el derecho de la Unión Europea, con preferencia del interés general (art. 24.2 EOMF).
• Responsabilidad disciplinaria: los fiscales de la Fiscalía autonómica quedan sujetos al régimen disciplinario del Ministerio Fiscal (arts. 67-70 EOMF), correspondiendo la potestad sancionadora al Fiscal General del Estado y al Consejo Fiscal.
• Memoria anual: la Fiscalía autonómica deberá elevar al Fiscal General del Estado una memoria anual sobre su actividad, que se incorporará a la memoria general del Ministerio Fiscal (art. 24.3 EOMF, en relación con el art. 9.1 EOMF).

El art. 24.4 EOMF prevé que las Comunidades Autónomas podrán solicitar al Fiscal General del Estado la actuación de la Fiscalía autonómica en asuntos de su interés, sin que dicha solicitud sea vinculante. Esta vía permite la colaboración institucional sin vulnerar la independencia del Ministerio Fiscal.

Finalmente, el art. 24.5 EOMF remite a los Estatutos de Autonomía para el desarrollo de las competencias de coordinación entre la Fiscalía autonómica y los órganos judiciales de la Comunidad, siempre dentro del marco del EOMF y de la LOPJ (art. 152.1 CE).

1. Las Fiscalías Especiales: Régimen Jurídico y Fundamento (arts. 25-27 EOMF)

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre) regula en sus arts. 25 a 27 el régimen de las Fiscalías Especiales, configuradas como instrumentos de especialización funcional para determinadas materias que, por su trascendencia social o complejidad técnica, requieren una dedicación singularizada. El art. 25 EOMF establece que, para el conocimiento de determinadas materias, podrán crearse Fiscalías Especiales, dependientes del Fiscal General del Estado, cuyo ámbito podrá ser nacional o autonómico.

• Naturaleza: Órganos del Ministerio Fiscal con adscripción específica a un ámbito material concreto, sin perjuicio de su integración jerárquica en la estructura general (art. 25.1 EOMF).
• Creación: Mediante ley (reserva legal), conforme exige el art. 25.2 EOMF, que remite a su regulación específica.
• Dependencia: Directa del Fiscal General del Estado, a través de la Junta de Fiscales de Sala y de la Fiscalía de Sala correspondiente (art. 25.3 EOMF).
• Supletoriedad: En lo no previsto por su normativa especial, se aplican las disposiciones generales del EOMF (art. 27 EOMF).

2. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (art. 26 EOMF)

El art. 26 EOMF regula específicamente la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, creada por la Ley 10/1995, de 24 de abril (modificada por la Ley 14/2003), y actualmente denominada Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (conocida como Fiscalía Anticorrupción). Su ámbito de actuación es nacional (art. 26.1 EOMF).

• Competencias materiales (art. 26.1 EOMF): Interviene en los procesos penales por delitos como: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, delitos urbanísticos y delitos económicos relacionados con la corrupción, así como criminalidad organizada (art. 26.1, letras a) y b) EOMF).
• Estructura: Dirigida por un Fiscal de Sala (con categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo) y compuesta por un equipo de fiscales especialistas (art. 26.2 EOMF).
• Coordinación: Debe coordinar su actuación con las Fiscalías Territoriales y con la Policía Judicial especializada (art. 26.3 EOMF).
• Régimen supletorio: Se aplica el art. 27 EOMF, es decir, las normas generales del Estatuto.

3. La Fiscalía de Menores y Otras Fiscalías Especializadas (art. 27 EOMF)

El art. 27 EOMF contempla la posibilidad de crear otras Fiscalías Especiales para materias distintas de la corrupción, mediante ley ordinaria. La más relevante es la Fiscalía de Menores, regulada en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), que atribuye al Ministerio Fiscal funciones esenciales en el proceso penal de menores.

• Fiscalía de Menores: Existe en cada Fiscalía Provincial y en la Fiscalía General del Estado una Sección de Menores (art. 18.1 LORPM). No es una Fiscalía Especial autónoma, sino una especialización interna dentro de cada Fiscalía, aunque el art. 27 EOMF permite su creación como Fiscalía Especial si el legislador lo estima.
• Funciones del Fiscal en materia de menores (art. 18 LORPM):
  • Incoación del expediente por hechos cometidos por menores (art. 16 LORPM).
  • Proponer medidas de conciliación o reparación (art. 19 LORPM).
  • Intervenir en la ejecución de las medidas impuestas (art. 44 LORPM).
• Otras Fiscalías especializadas: Existen además Fiscalías de Sala especializadas (p. ej., Seguridad Vial, Siniestralidad Laboral, Medio Ambiente, Extranjería), creadas por vía reglamentaria u orgánica, que no son Fiscalías Especiales en sentido estricto del art. 25 EOMF, sino unidades especializadas dentro de la Fiscalía General del Estado (art. 20.3 EOMF).

4. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional (art. 28 EOMF)

El art. 28 EOMF regula la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, órgano del Ministerio Fiscal que actúa ante el Tribunal Constitucional (TC) en los procesos constitucionales. Su regulación se complementa con la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), especialmente en sus arts. 46 y 47.

• Composición (art. 28.1 EOMF): Está integrada por un Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y un equipo de fiscales que actúan bajo su dirección.
• Funciones (art. 28.2 EOMF):
  • Intervenir en los procesos de inconstitucionalidad (recurso y cuestión) en defensa de la legalidad (art. 46.2 LOTC).
  • Comparecer en los recursos de amparo cuando el TC lo estime necesario (art. 47.2 LOTC).
  • Emitir informes y formular alegaciones en defensa de la Constitución y de la ley (art. 28.2 EOMF).
• Régimen supletorio: Se aplica el art. 27 EOMF, es decir, las normas generales del Estatuto en todo lo no previsto.
• Dependencia jerárquica: Actúa bajo la dependencia del Fiscal General del Estado, pero con autonomía funcional en sus actuaciones ante el TC (art. 28.3 EOMF).

En síntesis, el art. 28 EOMF configura una Fiscalía especializada ante el TC, con funciones de garantía de la supremacía constitucional, distinta de las Fiscalías Especiales de los arts. 25-27, aunque comparte su carácter de órgano especializado del Ministerio Fiscal.

1. La carrera fiscal: estructura y categorías (arts. 29-30 EOMF)

El artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre) establece que los miembros del Ministerio Fiscal constituyen una carrera única y jerarquizada, integrada por tres categorías:

• Fiscales de Sala del Tribunal Supremo (categoría superior).
• Fiscales (categoría intermedia).
• Abogados Fiscales (categoría inicial o de ingreso).

El artículo 30 precisa que el ingreso en la carrera fiscal se realiza por la categoría de Abogado Fiscal, salvo las previsiones excepcionales para juristas de reconocido prestigio (art. 30.2 EOMF, en relación con el art. 33). El ascenso de categoría se produce por antigüedad, conforme a las reglas de los arts. 31 y 32, y requiere el curso de selección correspondiente en el Centro de Estudios Jurídicos (art. 31.2).

2. Ingreso en la carrera fiscal (art. 30 EOMF)

El artículo 30 regula el ingreso por oposición libre, que se rige por los siguientes principios:

• Convocatoria conjunta con la carrera judicial (art. 30.1: "una misma convocatoria para el ingreso en la carrera judicial y en la fiscal").
• Requisitos generales: nacionalidad española, capacidad, licenciatura o grado en Derecho y no incurrir en causas de incapacidad (art. 30.3, en relación con el art. 303 LOPJ, aplicable supletoriamente).
• El ingreso se efectúa por orden de prelación de la escala conjunta, optando los aspirantes por la carrera judicial o fiscal según su número (art. 30.1).
• Superada la oposición, se exige el curso teórico-práctico en el Centro de Estudios Jurídicos (art. 30.2) y la práctica tutelada en Fiscalías.

El artículo 31.1 establece que los Abogados Fiscales que superen el curso y las prácticas serán nombrados por el Ministerio de Justicia, previa propuesta del Fiscal General del Estado, y tomarán posesión en el destino que se les asigne.

3. Ascensos y provisión de destinos (arts. 31-32 EOMF)

El ascenso de categoría se regula en el artículo 31:

• De Abogado Fiscal a Fiscal: por antigüedad, exigiéndose un mínimo de 2 años de servicio efectivo en la categoría inferior y la superación de un curso de especialización (art. 31.2).
• De Fiscal a Fiscal de Sala del Tribunal Supremo: por antigüedad, con un mínimo de 5 años de servicio efectivo en la categoría de Fiscal (art. 31.3).

La provisión de destinos se regula en el artículo 32, que establece el sistema de concurso como regla general:

• Los destinos se proveen por concurso entre los miembros de la carrera fiscal, conforme a las reglas de mérito y antigüedad (art. 32.1).
• Excepcionalmente, los puestos de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y los Fiscales Jefes de las Fiscalías Especiales (Anticorrupción, etc.) se proveen por libre designación, previa convocatoria pública (art. 32.2).
• El Fiscal General del Estado nombra a los Fiscales Jefes de las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, oído el Consejo Fiscal (art. 32.3).

4. Situaciones administrativas de los fiscales (art. 33 EOMF)

El artículo 33 regula las situaciones administrativas en que pueden encontrarse los miembros del Ministerio Fiscal, que son las siguientes:

• Servicio activo: situación normal, con plenitud de funciones y derechos (art. 33.1).
• Excedencia voluntaria: por interés particular, con un mínimo de 2 años de servicio activo previo, y duración mínima de 2 años (art. 33.2).
• Excedencia forzosa: por cese en destino obtenido por libre designación, con derecho a reingreso en concurso (art. 33.3).
• Suspensión de funciones: por sentencia firme o por expediente disciplinario, con pérdida temporal de derechos (art. 33.4).
• Jubilación: forzosa a los 65 años (prorrogable hasta los 70) o voluntaria a partir de los 60 años (art. 33.5).

El reingreso al servicio activo se produce por concurso, conforme a las reglas del artículo 32, y los fiscales en excedencia voluntaria tienen preferencia para reingresar en plazas vacantes (art. 33.2, último párrafo).

5. Garantías estatutarias y régimen disciplinario (arts. 29-33, en conexión)

El Estatuto Orgánico refuerza la independencia de los fiscales mediante garantías que se proyectan sobre todo el régimen de personal:

• Inamovilidad: los fiscales no pueden ser trasladados ni suspendidos sino por las causas previstas en la ley (art. 29.2, en relación con el art. 33.4).
• Responsabilidad disciplinaria: las faltas se tipifican en los arts. 67-68 EOMF, con sanciones que incluyen la suspensión de funciones (art. 68.2).
• Régimen de incompatibilidades: los fiscales no pueden ejercer otras funciones públicas ni actividades privadas incompatibles (art. 34 EOMF, en conexión con el art. 33).
• Derechos económicos: retribuciones fijadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con complementos por destino y responsabilidad (art. 35 EOMF).

El Consejo Fiscal (arts. 38-39 EOMF) interviene en los concursos, ascensos y expedientes disciplinarios, garantizando la objetividad en la provisión de destinos (art. 39.1).

1. Régimen general de derechos y deberes de los fiscales (arts. 34-37)

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre) regula en sus arts. 34 a 40 un sistema cerrado de derechos, deberes, incompatibilidades y responsabilidades que configuran el estatuto personal de los miembros de la carrera fiscal. El art. 34 establece que los fiscales ejercerán sus funciones con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad, y que gozarán de los derechos y estarán sujetos a los deberes que la ley establece, sin que puedan ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causas y con las garantías previstas en la propia norma.

El art. 35 enumera los derechos individuales de los fiscales: percibir las retribuciones correspondientes a su categoría y destino; ser protegidos en el ejercicio de sus funciones; y recibir la formación continua necesaria. Además, el art. 36 desarrolla los deberes fundamentales: residir en el lugar de destino, asistencia puntual al trabajo, y guardar secreto profesional respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo, incluso después de cesar en el mismo.

• Derecho a la carrera profesional: ascensos por antigüedad y méritos (art. 35.2 en relación con arts. 41-45).
• Deber de imparcialidad: abstenerse de intervenir cuando concurra causa legal (art. 36.4 en relación con el art. 219 LOPJ).
• Deber de obediencia jerárquica: sin perjuicio de las excepciones del art. 27 (defensa de la legalidad).

2. Incompatibilidades (art. 38)

El art. 38 EOMF establece un régimen de incompatibilidades absoluto y taxativo para garantizar la independencia e imparcialidad del Ministerio Fiscal. Los fiscales no podrán desempeñar otros cargos públicos ni empleos remunerados, salvo las excepciones legalmente previstas. Esta incompatibilidad se extiende a:

• Funciones docentes o de investigación: permitidas únicamente si no implican dedicación exclusiva y se refieren a materias jurídicas (art. 38.2).
• Actividades profesionales: absolutamente prohibidas, incluyendo el ejercicio de la abogacía o la procura, aunque sea en asuntos ajenos a su jurisdicción.
• Cargos políticos: incompatibilidad con cualquier cargo electivo o de designación política, salvo las excepciones constitucionales (art. 38.3).
• Participación en sociedades mercantiles: prohibida la intervención en la gestión o administración de empresas, aunque se permite la mera tenencia de acciones o participaciones (art. 38.4).

La infracción del régimen de incompatibilidades constituye una falta disciplinaria muy grave (art. 63.1.f) y puede determinar la excedencia forzosa si el fiscal no opta en plazo. El art. 38.5 remite a la legislación general de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (Ley 53/1984) en lo no previsto.

3. Prohibiciones (art. 39)

El art. 39 EOMF configura un catálogo de prohibiciones específicas que refuerzan la posición constitucional del fiscal como órgano de legalidad. Las principales son:

• Pertenencia a partidos políticos o sindicatos: prohibición absoluta (art. 39.1), salvo la mera afiliación sin ejercicio de cargos directivos, conforme a la STC 12/1982.
• Dirigir o intervenir en propaganda política: prohibición total, incluso en periodos electorales (art. 39.2).
• Convocar o presidir reuniones de carácter político: prohibido, salvo las estrictamente profesionales (art. 39.3).
• Ejercer actividades de mediación o arbitraje: prohibido, salvo que la ley lo autorice expresamente (art. 39.4).
• Intervenir en procedimientos donde exista interés personal: obligación de abstención (art. 39.5 en relación con el art. 219 LOPJ).

El art. 39.6 establece que la vulneración de estas prohibiciones será sancionada conforme al régimen disciplinario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiera corresponder. La jurisprudencia constitucional (STC 143/1994) ha avalado la constitucionalidad de estas restricciones por la posición institucional del fiscal.

4. Responsabilidad disciplinaria (art. 40)

El art. 40 EOMF establece el principio general de responsabilidad disciplinaria de los fiscales, remitiendo al régimen previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 414-427) para los jueces y magistrados, con las especialidades que el propio EOMF determina. El sistema se estructura en:

• Faltas muy graves: las tipificadas en el art. 414 LOPJ (desacato a autoridades, incumplimiento grave de deberes, vulneración de incompatibilidades, etc.).
• Faltas graves: art. 415 LOPJ (retraso injustificado, ausencias injustificadas, abuso de atribuciones, etc.).
• Faltas leves: art. 416 LOPJ (incumplimiento de horarios, descortesía, etc.).

El órgano competente para imponer sanciones es el Consejo Fiscal para las faltas graves y muy graves (art. 40.2 EOMF), y el Fiscal General del Estado para las leves, con recurso ante el Consejo Fiscal. Las sanciones pueden ser: advertencia, multa, suspensión de funciones y separación del servicio (art. 420 LOPJ).

El procedimiento disciplinario se rige por los arts. 421-427 LOPJ, garantizando el derecho a la defensa, audiencia y contradicción. La responsabilidad civil por daños causados en el ejercicio del cargo se exige conforme al art. 40.3 EOMF, que remite a la responsabilidad patrimonial del Estado (art. 121 CE y arts. 292-297 LOPJ), sin perjuicio de la acción de regreso contra el fiscal que actuara con dolo o culpa grave.

5. Responsabilidad penal y civil. Síntesis del régimen (art. 40 en relación con arts. 34-39)

El art. 40.4 EOMF establece que la responsabilidad penal de los fiscales se exigirá ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (para el Fiscal General del Estado y altos cargos) o ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (para el resto), conforme al art. 57 LOPJ. Esta protección jurisdiccional especial refuerza la independencia funcional del fiscal.

En síntesis, el régimen de derechos, deberes, incompatibilidades y responsabilidades de los fiscales (arts. 34-40 EOMF) configura un estatuto jurídico cerrado que garantiza la independencia, imparcialidad y legalidad del Ministerio Fiscal, con un equilibrio entre derechos profesionales y limitaciones inherentes a su función constitucional (art. 124 CE). La responsabilidad disciplinaria se articula como garantía del correcto funcionamiento del servicio público de justicia, con pleno respeto a los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad.

• Régimen supletorio: la LOPJ (arts. 414-427) y la legislación de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
• Garantías procesales: audiencia al interesado, motivación de la resolución, recurso contra la sanción.
• Efecto de la separación: pérdida de la condición de fiscal, con las consecuencias previstas en el art. 40.6 EOMF.

1. Régimen disciplinario del Ministerio Fiscal: principios generales y clasificación de faltas (arts. 41-42 EOMF)

El régimen disciplinario de los miembros del Ministerio Fiscal se regula en los arts. 41 a 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre), desarrollado por el RD 437/1983, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (REOMF). El art. 41 EOMF establece que los fiscales están sujetos a responsabilidad disciplinaria por las faltas que cometan en el ejercicio de su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderles. La potestad disciplinaria se ejercerá conforme a los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, contradicción y prescripción (art. 41.2 EOMF).

El art. 42 EOMF clasifica las faltas en muy graves, graves y leves. La tipificación concreta se realiza en los arts. 42.1, 42.2 y 42.3 EOMF, con remisión expresa a los supuestos previstos para los jueces y magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo no previsto, conforme al art. 42.4 EOMF. Son faltas muy graves, entre otras: el incumplimiento deliberado de las órdenes o instrucciones superiores; la revelación de datos reservados; la inobservancia de los plazos procesales cuando cause indefensión; o el abandono del destino. Faltas graves: la desatención en el cumplimiento de los deberes del cargo; la falta de respeto a superiores o a autoridades; o la emisión de informes manifiestamente contrarios a la legalidad. Faltas leves: el retraso injustificado en la tramitación de asuntos; la incorrección en el trato con ciudadanos o profesionales; o la negligencia simple en el ejercicio de funciones.

2. Sanciones aplicables y órganos competentes (arts. 43 y 45 EOMF)

El art. 43 EOMF establece las sanciones que pueden imponerse a los fiscales, graduadas según la gravedad de la falta:

• Por faltas muy graves: separación del servicio (art. 43.a EOMF) o suspensión de funciones de tres a seis años (art. 43.b EOMF).
• Por faltas graves: suspensión de funciones de uno a tres años (art. 43.c EOMF) o traslado forzoso con pérdida de destino (art. 43.d EOMF).
• Por faltas leves: apercibimiento o multa de 200 a 1.000 euros (art. 43.e EOMF).

La competencia para imponer sanciones se regula en el art. 45 EOMF, distinguiéndose tres niveles:

• Consejo Fiscal: impone sanciones por faltas muy graves (art. 45.1 EOMF).
• Fiscal General del Estado: sanciona las faltas graves (art. 45.2 EOMF).
• Fiscales Jefes de cada Fiscalía: imponen sanciones por faltas leves (art. 45.3 EOMF).

3. Procedimiento disciplinario: fases, plazos y garantías (art. 44 EOMF)

El art. 44 EOMF regula el procedimiento sancionador, que se desarrolla reglamentariamente en los arts. 176 a 195 REOMF. Las fases esenciales son:

• Incoación: de oficio, por orden del órgano competente o por denuncia. El acuerdo de incoación debe comunicarse al interesado y al Ministerio Fiscal (art. 44.1 EOMF).
• Instrucción: se designa un instructor (normalmente un fiscal de mayor categoría) y un secretario. Se practican las pruebas pertinentes y se formula el pliego de cargos en el que se concretan los hechos imputados. El expedientado puede presentar alegaciones y proponer pruebas en el plazo de quince días hábiles (art. 44.2 EOMF).
• Propuesta de resolución: el instructor eleva propuesta al órgano competente, con propuesta de sobreseimiento o de sanción (art. 44.3 EOMF).
• Resolución: el órgano competente dicta resolución motivada en el plazo máximo de seis meses desde la incoación, transcurrido el cual se produce la caducidad del expediente (art. 44.4 EOMF).

El procedimiento garantiza la audiencia del interesado, el derecho a asistencia letrada y la presunción de inocencia (art. 44.5 EOMF). La resolución sancionadora es recurrible en vía administrativa (reposición) y, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 44.6 EOMF).

4. Efectos de las sanciones, cancelación de antecedentes y compatibilidades (art. 46 EOMF)

El art. 46 EOMF regula los efectos de las sanciones disciplinarias. La suspensión de funciones implica la privación temporal de las funciones propias del cargo, con pérdida de retribuciones durante el tiempo de duración (art. 46.1 EOMF). La separación del servicio produce la pérdida definitiva de la condición de fiscal, con los efectos previstos en la legislación de clases pasivas (art. 46.3 EOMF).

En cuanto a la cancelación de antecedentes disciplinarios, el art. 46.4 EOMF establece que las sanciones se cancelarán de oficio o a instancia del interesado, transcurridos los siguientes plazos sin cometer nuevas faltas:

• Separación del servicio: no procede cancelación.
• Suspensión superior a un año: a los 3 años.
• Suspensión inferior a un año o traslado forzoso: a los 2 años.
• Apercibimiento o multa: a los 6 meses.

La cancelación implica la desaparición de los antecedentes a todos los efectos, salvo para la apreciación de reincidencia en expedientes posteriores (art. 46.5 EOMF).

5. Especialidades procedimentales y recursos (art. 45.4 y 45.5 EOMF)

El art. 45 EOMF introduce especialidades relevantes en el ejercicio de la potestad disciplinaria:

• Abstención y recusación: los miembros del Consejo Fiscal, el Fiscal General del Estado o los Fiscales Jefes deben abstenerse y pueden ser recusados cuando concurran causas legales (art. 45.4 EOMF).
• Delegación: el Fiscal General del Estado puede delegar la imposición de sanciones por faltas graves en la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, cuando la gravedad del caso lo aconseje (art. 45.5 EOMF).

Los recursos contra las resoluciones sancionadoras se regulan en el art. 44.6 EOMF: contra la resolución del Consejo Fiscal o del Fiscal General del Estado cabe recurso de alzada ante el Ministro de Justicia (agotando la vía administrativa) y, posteriormente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (art. 44.6 EOMF). Contra las sanciones impuestas por Fiscales Jefes cabe recurso de alzada ante el Fiscal General del Estado (art. 44.6 in fine EOMF).

Finalmente, la ejecución de las sanciones corresponde al órgano que las impuso, si bien la ejecución de la separación del servicio exige la publicación en el BOE y la comunicación al Consejo General del Poder Judicial a efectos de incompatibilidades (art. 45.6 EOMF). La sanción de traslado forzoso se ejecuta mediante destino forzoso en la Fiscalía que designe el Fiscal General del Estado, con pérdida del destino anterior y sin derecho a indemnización (art. 45.7 EOMF).

1. El principio de colaboración y su fundamento constitucional

El Ministerio Fiscal (MF) se configura como un órgano de relevancia constitucional (art. 124 CE) que, pese a su autonomía funcional, no actúa aisladamente. El art. 47 EOMF (Ley 50/1981, de 30 de diciembre) establece el deber general de colaboración con el MF por parte de todas las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas, tanto a nivel estatal como autonómico y local. Esta colaboración se concreta en tres ámbitos: facilitar datos e informes que el MF solicite, prestar los servicios necesarios para el ejercicio de sus funciones y practicar las diligencias que se requieran para la instrucción de procedimientos.

El art. 48 EOMF refuerza esta obligación al precisar que la colaboración debe prestarse con carácter preferente y urgente cuando se trate de actuaciones relacionadas con procedimientos judiciales en curso o con la protección de derechos fundamentales. La negativa o demora injustificada puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria del funcionario o autoridad que la incumpla, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran derivarse (art. 502 y ss. LO 10/1995, del Código Penal).

2. La memoria anual del Ministerio Fiscal (art. 49 EOMF)

El art. 49 EOMF regula la Memoria anual que el Fiscal General del Estado (FGE) debe elevar al Gobierno, como mecanismo de rendición de cuentas y de transparencia institucional. Su contenido mínimo comprende:

• Actividad desarrollada por el MF durante el año judicial anterior, con datos estadísticos sobre procedimientos, diligencias de investigación y expedientes.
• Observaciones sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, incluyendo deficiencias normativas o de medios personales y materiales.
• Propuestas de reforma legislativa o de mejora organizativa que el MF estime convenientes para el mejor cumplimiento de sus fines (art. 49.1 EOMF).
• Las memorias especiales que el FGE considere oportuno elevar en cualquier momento sobre materias de especial trascendencia (art. 49.2 EOMF).

La Memoria se presenta anualmente y se publica en la página web del MF, constituyendo un instrumento de control parlamentario indirecto, pues el Gobierno debe dar cuenta de ella a las Cortes Generales. La Junta de Fiscales de Sala participa en su elaboración mediante la aportación de las memorias de las distintas Fiscalías (art. 24.2 EOMF).

3. Relaciones con el Gobierno y las Cortes Generales

La relación del MF con el Gobierno se articula a través del Fiscal General del Estado, quien es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno (art. 29 EOMF). El art. 50 EOMF establece que el FGE puede recabar del Gobierno informes sobre asuntos de interés general y, a su vez, el Gobierno puede solicitar al FGE que interese de los Tribunales la declaración de ilegalidad de disposiciones o actos de las Comunidades Autónomas (art. 50.1 EOMF). Esta facultad se ejercita mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo por el MF, conforme al art. 21.2 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El principio de legalidad (art. 124.2 CE) impide que el Gobierno dicte instrucciones u órdenes al MF sobre asuntos concretos. La relación es de colaboración informativa, no jerárquica. El art. 50.2 EOMF precisa que el FGE debe dar cuenta al Gobierno de las resoluciones que afecten a la seguridad del Estado o que tengan trascendencia para el interés público.

Con las Cortes Generales, la relación se canaliza mediante:

• Comparecencia del FGE ante las Comisiones de Justicia del Congreso y Senado, cuando sea requerido (art. 50.3 EOMF).
• Remisión de la Memoria anual y de los informes que soliciten las Cámaras.
• Control parlamentario sobre el nombramiento y cese del FGE (art. 29 y 31 EOMF).

4. Relaciones con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

El art. 50 EOMF no regula específicamente las relaciones con el CGPJ, pero el art. 47 EOMF impone el deber de colaboración a todos los órganos del Estado, lo que incluye al CGPJ. La relación se articula en dos planos:

• Institucional: El FGE puede solicitar al CGPJ informes sobre nombramientos, ascensos y situaciones administrativas de jueces y magistrados (art. 110 LOPJ). El CGPJ, por su parte, puede recabar del MF datos sobre el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.
• Funcional: El MF actúa ante los órganos de gobierno del Poder Judicial (Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores) en los procedimientos de conflictos de competencia (art. 42 LOPJ) y en los expedientes de revisión disciplinaria de jueces (art. 414 y ss. LOPJ).

La Memoria anual del FGE (art. 49 EOMF) se remite también al CGPJ para que este pueda formular observaciones sobre el contenido que afecte a la Administración de Justicia. Esta comunicación recíproca garantiza la coordinación entre ambos órganos constitucionales sin menoscabo de su independencia respectiva.

En materia de nombramiento del FGE, el art. 29 EOMF (tras la reforma por LO 4/2021) exige que el candidato comparezca ante el Congreso de los Diputados para valorar su idoneidad, pero no interviene el CGPJ. No obstante, el CGPJ puede emitir informes sobre la idoneidad técnica de los candidatos a Fiscal de Sala del Tribunal Supremo (art. 36 EOMF).

5. Síntesis de las relaciones institucionales del MF

El esquema de relaciones del MF con otros órganos constitucionales se resume en:

• Con el Gobierno: Colaboración informativa (art. 50.1 EOMF), recepción de la Memoria (art. 49 EOMF), y solicitud de actuaciones en defensa de la legalidad (art. 50.1 EOMF). Sin jerarquía ni instrucciones.
• Con las Cortes: Control parlamentario del FGE (art. 29 y 31 EOMF), comparecencias (art. 50.3 EOMF) y remisión de la Memoria (art. 49 EOMF).
• Con el CGPJ: Colaboración en materia de gobierno judicial (art. 47 EOMF), informes recíprocos y actuación del MF en procedimientos ante órganos de gobierno del Poder Judicial (art. 42 y 414 LOPJ).
• Con otros órganos: Deber general de colaboración de todas las autoridades y funcionarios (art. 47 EOMF), incluyendo Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Esta red de relaciones garantiza el equilibrio constitucional y la posición del MF como colaborador del interés público (art. 124.1 CE), sin que ninguna de estas relaciones comprometa su autonomía funcional ni su sometimiento exclusivo a la legalidad (art. 1 y 2 EOMF). La jurisprudencia constitucional (STC 31/2019) ha subrayado que el MF no es un órgano del Poder Ejecutivo ni del Judicial, sino una institución de garantía al servicio de la legalidad y de los derechos ciudadanos.