1. Concepto de vehículo a motor y ciclomotor (art. 4)

El artículo 4 del RDL 6/2015 establece las definiciones básicas que sirven de presupuesto para la aplicación de las normas de comportamiento. La norma distingue entre vehículo a motor y ciclomotor, conceptos que resultan esenciales para determinar qué normas de circulación resultan aplicables en cada caso.

Se entiende por vehículo a motor todo vehículo provisto de motor para su propulsión, excluyendo los ciclomotores y los vehículos especiales y agrícolas, que se regulan por sus normas específicas. Esta definición se complementa con lo dispuesto en el Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998), que desarrolla las categorías y clasificaciones técnicas.

Por su parte, el ciclomotor se define como un vehículo de dos o tres ruedas con motor de cilindrada no superior a 50 cm³ si es de combustión interna, o con potencia máxima de 4 kW si es eléctrico, y cuya velocidad máxima por construcción no exceda de 45 km/h. Esta definición es clave porque determina la edad mínima para conducir (16 años), la necesidad de autorización administrativa (AM) y las normas específicas de circulación.

2. Normas generales de comportamiento: el principio de conducción diligente (art. 5.1)

El artículo 5.1 del RDL 6/2015 establece el principio general que preside toda la circulación: "Se debe conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno". Este precepto constituye la cláusula general de responsabilidad que se proyecta sobre todas las demás normas de comportamiento.

El contenido de esta obligación de diligencia se concreta en tres deberes esenciales:

• No poner en peligro ni a las personas ni a los bienes, tanto propios como ajenos (art. 5.1).
• Respetar los límites de velocidad y las demás normas de circulación, que son manifestación específica de la diligencia exigible.
• Adoptar las precauciones necesarias en función de las circunstancias del tráfico, la visibilidad, las condiciones meteorológicas y el estado de la vía.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que esta cláusula general implica un deber objetivo de cuidado que se intensifica cuando se circula cerca de colectivos vulnerables (peatones, ciclistas, niños, personas con movilidad reducida). La diligencia no es una fórmula abstracta, sino que se adapta a las circunstancias concretas de cada caso.

3. Obligación de no obstaculizar y de evitar riesgos (art. 5.2 y 5.3)

El artículo 5.2 impone a todo conductor la obligación de "no obstaculizar la circulación" ni causar peligro, daño o perjuicio innecesario a las personas o bienes. Este precepto se conecta directamente con el deber de diligencia del apartado anterior, pero añade un elemento objetivo: la prohibición de crear obstáculos en la vía.

El artículo 5.3 establece que "aun cuando no se infrinja un precepto concreto", el conductor debe adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones de peligro. Esta cláusula de cierre es fundamental porque permite sancionar conductas que, sin vulnerar una norma específica, resultan contrarias a la seguridad vial.

La aplicación práctica de estos preceptos se manifiesta en supuestos como:

• Detención o estacionamiento que impide el paso a otros vehículos o peatones.
• Caída de carga o derrame de materiales en la calzada.
• Circulación a velocidad anormalmente reducida sin justificación.
• No señalizar correctamente una maniobra o situación de emergencia.

La jurisprudencia ha interpretado que el art. 5.3 funciona como norma de cierre del sistema, permitiendo sancionar comportamientos que, aunque no estén tipificados específicamente, generan un riesgo relevante para la seguridad vial. Es la base legal para sancionar conductas como la conducción temeraria cuando no concurren los elementos del tipo penal del art. 380 del Código Penal.

4. Sujeción a las normas y presunción de responsabilidad (art. 5.4)

El artículo 5.4 del RDL 6/2015 contiene una regla de imputación de responsabilidad de gran relevancia práctica: "El conductor de un vehículo está obligado a respetar los límites de velocidad y las demás normas de circulación". Esta obligación se refuerza con la presunción legal de que el conductor es responsable de las infracciones cometidas con su vehículo, salvo prueba en contrario.

Esta presunción se complementa con lo dispuesto en el artículo 82.1 del RDL 6/2015, que establece la responsabilidad solidaria del titular del vehículo cuando no se identifica al conductor. El art. 5.4 no es una norma aislada, sino la base de todo el sistema sancionador en materia de tráfico.

La jurisprudencia constitucional (STC 156/1996) ha avalado la constitucionalidad de esta presunción, siempre que se ofrezca al interesado la posibilidad de acreditar quién era el conductor en el momento de los hechos. La presunción es iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario.

En relación con la velocidad, el art. 5.4 debe ponerse en conexión con el art. 48 del RDL 6/2015 y con el Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003), que desarrolla los límites genéricos y específicos. La obligación de respetar los límites no es absoluta, sino que se modula por el principio de adecuación a las circunstancias: aunque no se supere el límite máximo, se debe circular a velocidad que permita detener el vehículo en el espacio visible (art. 45 del Reglamento General de Circulación).

5. Normas de comportamiento específicas: remisión reglamentaria (art. 5.5)

El artículo 5.5 del RDL 6/2015 contiene una cláusula de remisión normativa al disponer que "las normas de comportamiento en la circulación se desarrollarán reglamentariamente". Esta remisión se materializa fundamentalmente en el Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003), que desarrolla en sus artículos 3 a 170 las normas específicas de comportamiento.

El Reglamento General de Circulación regula, entre otras materias:

• Velocidad: límites genéricos y específicos, distancia de seguridad (arts. 45-54).
• Prioridad de paso: en intersecciones, estrechamientos, peatones (arts. 55-65).
• Adelantamiento: requisitos, prohibiciones, maniobra (arts. 82-87).
• Cambio de dirección y sentido (arts. 72-81).
• Detención y estacionamiento (arts. 90-94).
• Alumbrado (arts. 99-106).
• Señalización: vertical, horizontal, semáforos (arts. 130-170).

La remisión del art. 5.5 tiene un límite material: el desarrollo reglamentario no puede establecer nuevos tipos infractores ni agravar las sanciones previstas en la Ley, por aplicación del principio de reserva de ley en materia sancionadora (art. 25 CE). El Reglamento solo puede concretar y desarrollar los mandatos legales, no crearlos.

En la práctica, el art. 5.5 es la habilitación legal que permite al Gobierno actualizar las normas de comportamiento mediante reales decretos, sin necesidad de modificar la Ley. Esta técnica normativa facilita la adaptación a los cambios tecnológicos y sociales (por ejemplo, la regulación de los patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal, actualmente en tramitación reglamentaria).

1. Marco competencial general en materia de tráfico y seguridad vial

El **RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial** (en adelante, LTSV), establece en sus **arts. 6 a 8** el reparto competencial entre la **Administración General del Estado (AGE)** y las **Comunidades Autónomas (CCAA)**, así como los órganos competentes para su ejercicio. Este reparto se fundamenta en el **art. 149.1.21.ª de la Constitución Española (CE)**, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, sin perjuicio de que las CCAA puedan ejecutar dicha legislación en sus respectivos territorios.

El **art. 6 LTSV** delimita las competencias de la AGE, el **art. 7 LTSV** las de las CCAA y el **art. 8 LTSV** regula los órganos competentes de la AGE. La jurisprudencia constitucional (STC 132/2001, entre otras) ha precisado que la competencia estatal es **normativa y de coordinación**, mientras que la ejecución ordinaria corresponde a las CCAA, salvo en los supuestos expresamente reservados al Estado.

• Fundamento constitucional: art. 149.1.21.ª CE (competencia exclusiva estatal sobre tráfico).
• Principio rector: la AGE legisla y las CCAA ejecutan, salvo excepciones legales.
• Ámbito territorial: las competencias autonómicas se ejercen solo dentro de su territorio, sin perjuicio de la coordinación estatal.

2. Competencias de la Administración General del Estado (art. 6 LTSV)

El **art. 6 LTSV** enumera las competencias que corresponden a la AGE, que se ejercen a través de los órganos superiores y directivos del Ministerio del Interior, principalmente la **Dirección General de Tráfico (DGT)**. Estas competencias son de carácter **normativo, coordinador y de gestión directa en determinados ámbitos**.

Las competencias estatales incluyen, según el **art. 6.1 LTSV**: la **regulación normativa** de la circulación, la **gestión del tráfico en vías de titularidad estatal** (autopistas, autovías y carreteras del Estado), la **coordinación** de la política de seguridad vial, la **regulación de los permisos de conducir y de la formación de conductores**, la **homologación de vehículos** y la **gestión del Registro de Vehículos y del Registro de Conductores e Infractores**. Además, el **art. 6.2 LTSV** atribuye a la AGE la competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías de su titularidad y las que afecten a la seguridad vial en el ámbito de sus competencias.

• Regulación normativa: potestad reglamentaria para desarrollar la LTSV (art. 6.1.a).
• Gestión del tráfico en vías estatales: incluye la regulación de la circulación y la adopción de medidas especiales (art. 6.1.b).
• Permisos de conducir: expedición, canje y revisión, así como la aprobación de los programas de formación (art. 6.1.c).
• Homologación de vehículos: control técnico y de seguridad de los vehículos (art. 6.1.d).
• Registros públicos: gestión del Registro de Vehículos y del Registro de Conductores e Infractores (art. 6.1.e).
• Coordinación: impulso de políticas de seguridad vial y colaboración con CCAA (art. 6.1.f).

3. Competencias de las Comunidades Autónomas (art. 7 LTSV)

El **art. 7 LTSV** atribuye a las CCAA, en sus respectivos territorios, competencias de **ejecución** de la legislación estatal en materia de tráfico. Estas competencias se ejercen sobre las **vías autonómicas** (carreteras de su titularidad) y, en su caso, sobre las **vías urbanas** si así lo establecen sus Estatutos de Autonomía. Las CCAA pueden asumir, mediante **convenios de colaboración** con la AGE, la gestión de la circulación en vías estatales que discurran íntegramente por su territorio (art. 7.2 LTSV).

Las competencias autonómicas comprenden, según el **art. 7.1 LTSV**: la **regulación de la circulación** en vías de su titularidad, la **gestión del tráfico** (señalización, ordenación y control), la **autorización de pruebas deportivas** y **actividades que afecten a la circulación**, la **instrucción de expedientes sancionadores** por infracciones cometidas en sus vías, y la **ejecución de medidas de seguridad vial** (campañas de concienciación, controles de alcoholemia, etc.). Además, pueden ejercer competencias de **inspección y control** de vehículos en colaboración con la AGE.

• Vías autonómicas: gestión integral del tráfico y la circulación (art. 7.1.a).
• Vías urbanas: competencia asumida por las CCAA con competencias en materia de tráfico urbano (art. 7.1.b, en relación con el art. 7.3).
• Potestad sancionadora: las CCAA sancionan las infracciones en sus vías (art. 7.1.c).
• Convenios de colaboración: posibilidad de asumir la gestión en vías estatales (art. 7.2).
• Coordinación: obligación de colaborar con la AGE en materia de seguridad vial (art. 7.4).

4. Órganos competentes de la Administración General del Estado (art. 8 LTSV)

El **art. 8 LTSV** designa los órganos específicos de la AGE con competencias en materia de tráfico. El órgano central es la **Dirección General de Tráfico (DGT)**, adscrita al **Ministerio del Interior** (actualmente, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad). La DGT ejerce las competencias del art. 6 LTSV y actúa como **órgano de gestión, coordinación y ejecución** de la política de seguridad vial.

Además de la DGT, el **art. 8 LTSV** menciona expresamente a las **Jefaturas Provinciales de Tráfico** como órganos periféricos de la AGE, con competencias en su ámbito territorial (gestión de expedientes, permisos de conducir, matriculación de vehículos, etc.). También se contempla la **Comisión de Seguridad Vial** como órgano colegiado de coordinación, y se habilita al **Ministro del Interior** para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la LTSV (art. 8.3).

• Dirección General de Tráfico: órgano central con competencias ejecutivas y de coordinación (art. 8.1).
• Jefaturas Provinciales: órganos periféricos con competencias territoriales (art. 8.2).
• Comisión de Seguridad Vial: órgano colegiado de coordinación interadministrativa (art. 8.4).
• Ministro del Interior: potestad reglamentaria de desarrollo (art. 8.3).

5. Coordinación y régimen de colaboración interadministrativa

El **art. 7.4 LTSV** impone a las CCAA el deber de **colaborar y coordinarse** con la AGE en materia de seguridad vial, especialmente en campañas de control, estadísticas y gestión de sanciones. Esta colaboración se materializa a través de **convenios de colaboración** (art. 7.2) y de la participación en la **Comisión de Seguridad Vial** (art. 8.4). Asimismo, el **art. 6.3 LTSV** prevé que la AGE pueda celebrar convenios con las CCAA para la **delegación de competencias** en materia de gestión del tráfico en vías estatales, siempre que exista reciprocidad y se garantice la uniformidad normativa.

En el ámbito sancionador, la coordinación es esencial: las infracciones cometidas en vías autonómicas se sancionan por la CCAA, pero la **DGT mantiene el Registro de Conductores e Infractores** (art. 6.1.e), lo que exige un **intercambio de información** entre administraciones. El **art. 8.5 LTSV** habilita a la AGE para establecer **mecanismos de cooperación** con las CCAA y entidades locales, incluyendo la **cesión de datos** y la **gestión compartida de expedientes**.

• Convenios de colaboración: permiten la transferencia de gestión en vías estatales (art. 7.2).
• Registro único: la DGT gestiona el Registro de Conductores e Infractores, con datos de todas las administraciones (art. 6.1.e).
• Comisión de Seguridad Vial: órgano de encuentro y coordinación de políticas (art. 8.4).
• Intercambio de información: obligación de las CCAA de comunicar sanciones y puntos a la DGT (art. 7.4).

1. Autorización administrativa de vehículos (art. 9)

El art. 9 del RDL 6/2015 establece que la circulación de vehículos requiere que estos obtengan previamente la correspondiente autorización administrativa, que se otorgará por la Jefatura Central de Tráfico o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma con transferencias. Esta autorización se materializa en la tarjeta de inspección técnica y la placa de matrícula, documentos que acreditan que el vehículo reúne las condiciones técnicas exigibles para circular.

El art. 9.2 especifica que la autorización se concede sin perjuicio de las limitaciones derivadas de la normativa de protección del medio ambiente y de las restricciones de circulación que puedan establecer los municipios. La autorización tiene carácter reglado: la Administración debe otorgarla cuando el vehículo cumpla los requisitos técnicos, sin margen de discrecionalidad.

• Requisitos para obtenerla: identificación del vehículo, condiciones técnicas, seguro obligatorio y pago de tasas (art. 9.3).
• Efecto: habilita para circular por las vías públicas con sujeción a la normativa de tráfico.
• Transmisión: la autorización sigue al vehículo, no al titular; en caso de venta, debe notificarse el cambio de titularidad (art. 9.4).
• Pérdida de vigencia: por destrucción, desguace, baja definitiva o pérdida de los requisitos técnicos (art. 9.5).

2. Registro de Vehículos (art. 10)

El art. 10 del RDL 6/2015 regula el Registro de Vehículos, adscrito a la Jefatura Central de Tráfico, como instrumento de control administrativo de los vehículos que circulan por territorio español. Su función esencial es identificar al titular y reflejar las vicisitudes jurídicas y técnicas del vehículo.

El art. 10.2 establece la inscripción obligatoria de todos los vehículos de motor y remolques con masa máxima autorizada superior a 750 kg. La inscripción se practicará de oficio o a instancia del interesado, y tiene carácter constitutivo respecto de la autorización de circulación: sin inscripción, no hay autorización válida.

• Datos inscritos: identificación del vehículo (marca, modelo, bastidor), titular, cargas, gravámenes y medidas cautelares (art. 10.3).
• Valor probatorio: las inscripciones se presumen exactas y válidas; solo pueden rectificarse por procedimiento administrativo o judicial (art. 10.4).
• Publicidad: el registro es público, pero el acceso a los datos personales se rige por la normativa de protección de datos (art. 10.5).
• Modificaciones: cualquier cambio de titularidad, domicilio o características técnicas debe comunicarse al registro en el plazo reglamentario (art. 10.6).

3. Inspección Técnica de Vehículos (art. 11)

El art. 11 del RDL 6/2015 impone la obligación de someter los vehículos a inspección técnica periódica (ITV) para verificar sus condiciones de seguridad y emisiones. La inspección se realiza en estaciones autorizadas y su resultado favorable es requisito indispensable para circular. El art. 11.2 establece que la periodicidad se determinará reglamentariamente según el tipo de vehículo, su antigüedad y uso.

El art. 11.3 contempla la posibilidad de que la Administración realice inspecciones extraordinarias cuando existan indicios de deficiencias técnicas que comprometan la seguridad vial. El art. 11.4 establece que el resultado de la inspección se reflejará en la tarjeta de inspección técnica, que debe llevarse a bordo del vehículo.

• Tipos de inspección: periódica (obligatoria por antigüedad), extraordinaria (por siniestro, reforma o sospecha de deficiencia), y de emisiones (integrada en la ITV).
• Vehículos exentos: los ciclomotores y vehículos históricos tienen regulación especial (art. 11.5).
• Consecuencias del resultado desfavorable: prohibición de circular hasta subsanar las deficiencias; la circulación con ITV desfavorable es infracción grave (art. 11.6).
• Responsabilidad: el titular debe mantener el vehículo en condiciones; la falta de ITV no exime de responsabilidad en caso de accidente (art. 11.7).

4. Condiciones técnicas de los vehículos (art. 12)

El art. 12 del RDL 6/2015 establece que los vehículos deben reunir las condiciones técnicas que garanticen la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Estas condiciones se determinan reglamentariamente y comprenden aspectos como frenos, neumáticos, alumbrado, señalización, emisiones contaminantes y ruido.

El art. 12.2 impone al titular y al conductor la obligación de mantener el vehículo en perfecto estado de funcionamiento, realizando las revisiones y reparaciones necesarias. El art. 12.3 prohíbe la circulación con vehículos que presenten deficiencias graves que comprometan la seguridad, incluso si tienen la ITV favorable.

• Condiciones mínimas: frenado eficaz, dirección segura, neumáticos con dibujo reglamentario (1,6 mm), alumbrado correcto y señalización visible (art. 12.4).
• Reformas: cualquier modificación de características técnicas requiere autorización previa y nueva inspección (art. 12.5).
• Vehículos especiales: los que superen masas o dimensiones máximas requieren autorización complementaria para circular (art. 12.6).
• Responsabilidad solidaria: el titular responde de las infracciones por deficiencias técnicas, salvo que demuestre que el conductor actuó sin su conocimiento (art. 12.7).

5. Régimen sancionador y responsabilidad

El incumplimiento de las obligaciones de los arts. 9-12 se tipifica en el art. 65 del RDL 6/2015. Se considera infracción grave (art. 65.4): circular con vehículo que no tenga la autorización de circulación vigente (letra a), con la ITV desfavorable o caducada (letra c), o con deficiencias técnicas graves (letra d). La sanción es de 200 € (art. 67.1).

El art. 68 establece la responsabilidad del titular del vehículo por las infracciones relativas a las condiciones técnicas, sin perjuicio de que pueda identificar al conductor. El art. 71 permite la inmovilización del vehículo cuando presente deficiencias graves que supongan riesgo para la seguridad vial, siendo obligación del titular subsanarlas antes de reanudar la circulación.

• Prescripción: las infracciones graves prescriben a los 6 meses (art. 69.1).
• Recaudación: el pago voluntario con pronto pago reduce la sanción al 50% (art. 67.2).
• Efectos en el permiso de conducir: la conducción con vehículo en condiciones deficientes puede llevar aparejada la pérdida de puntos (art. 65.5.b).

1. Régimen general de las autorizaciones administrativas para conducir (art. 13)

El artículo 13 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, establece el principio general: ninguna persona podrá conducir un vehículo a motor o ciclomotor por las vías objeto de esta ley sin estar en posesión de la correspondiente autorización administrativa que le habilite para ello, con la validez y condiciones que reglamentariamente se determinen. Esta autorización debe ser válida para el tipo de vehículo que se conduce y debe llevarse siempre encima del conductor, siendo exigible su exhibición ante los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico.

El precepto también contempla que la autorización administrativa para conducir podrá ser retirada, suspendida o anulada por resolución judicial o por resolución administrativa en los casos previstos por la ley. La conducción sin la autorización correspondiente, o con una autorización que no sea válida para el vehículo que se conduce, constituye una infracción grave tipificada en el artículo 77.1.a) de la misma norma.

• Naturaleza jurídica: la autorización administrativa es un acto reglado, no discrecional, que se otorga previa verificación de la aptitud psicofísica y de los conocimientos teórico-prácticos del solicitante.
• Vigencia: las autorizaciones se otorgan con una vigencia temporal determinada, que varía según el tipo de permiso y la edad del titular (art. 14.3).
• Efectos de la pérdida de vigencia: conducir con el permiso caducado equivale a conducir sin autorización, sin perjuicio de la posibilidad de renovación.

2. Permiso de conducción (art. 14)

El artículo 14 regula el permiso de conducción como la autorización administrativa que habilita a su titular para conducir vehículos a motor y ciclomotores. Se otorgará a quienes hayan cumplido los 18 años de edad, salvo las excepciones previstas reglamentariamente para determinadas categorías (por ejemplo, el permiso de la clase B puede obtenerse a los 18 años, pero la conducción de vehículos de transporte de mercancías o viajeros requiere edades superiores).

El permiso de conducción se expedirá en las categorías y clases que reglamentariamente se establezcan, y su titular solo podrá conducir los vehículos para los que esté autorizado. La norma remite al Reglamento General de Conductores (Real Decreto 818/2009) para la determinación detallada de las categorías (AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E).

El artículo 14.3 establece que la vigencia del permiso será de diez años hasta que el titular cumpla 65 años, y de cinco años a partir de esa edad. No obstante, para los permisos de las clases C, C+E, D, D+E y demás que habiliten para la conducción de vehículos destinados al transporte de mercancías o viajeros, la vigencia será de cinco años hasta los 65 años, y de un año a partir de esa edad, conforme al artículo 14.4.

El permiso de conducción podrá ser renovado al final de su vigencia, previa comprobación de que el titular sigue reuniendo los requisitos de aptitud psicofísica y conocimientos establecidos. La solicitud de renovación deberá presentarse dentro de los tres meses anteriores a la fecha de caducidad, y si se presenta después, el permiso caducado pierde su validez, debiendo iniciarse un nuevo procedimiento de obtención.

• Requisitos para la obtención: edad mínima, aptitud psicofísica, residencia normal en España y superación de las pruebas teóricas y prácticas (art. 15).
• Pérdida de vigencia: por caducidad, por pérdida de los requisitos psicofísicos, o por resolución judicial o administrativa.
• Canje: los permisos expedidos por otros Estados miembros de la UE o por terceros países pueden ser canjeados por el equivalente español, según la normativa reglamentaria.

3. Licencia de conducción (art. 14.2)

La licencia de conducción es una autorización administrativa de alcance más limitado que el permiso, que habilita exclusivamente para conducir ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros. Se regula en el artículo 14.2 de la Ley, que establece que se otorgará a quienes hayan cumplido 16 años de edad.

La licencia de conducción tiene un régimen jurídico propio y diferenciado del permiso de conducción. Su obtención requiere la superación de pruebas específicas de aptitud psicofísica y de conocimientos, aunque de menor exigencia que las del permiso. La vigencia de la licencia es de diez años hasta los 65 años, y de cinco años a partir de esa edad, salvo que el titular obtenga posteriormente un permiso de conducción, en cuyo caso la licencia quedará absorbida por el permiso.

Es importante destacar que la licencia de conducción no habilita para conducir motocicletas ni vehículos a motor de mayor cilindrada, y que su titular no puede obtenerla si ya ha sido privado de un permiso de conducción por resolución judicial o administrativa firme, salvo que haya transcurrido el plazo de privación.

• Edad mínima: 16 años cumplidos.
• Vehículos habilitados: ciclomotores (velocidad máxima por construcción ≤ 45 km/h y cilindrada ≤ 50 cm³ si son de combustión) y cuatriciclos ligeros (masa en vacío ≤ 350 kg y velocidad máxima ≤ 45 km/h).
• Compatibilidad: quien obtenga un permiso de conducción de la clase AM o superior pierde la necesidad de la licencia, pero no la pierde automáticamente; la licencia queda sin efecto.

4. Otras autorizaciones administrativas para conducir (art. 15)

El artículo 15 de la Ley contempla la existencia de otras autorizaciones administrativas distintas del permiso y la licencia, que habilitan para conducir en situaciones específicas. Entre ellas destacan:

• Autorización temporal para aprender a conducir: habilita a los aspirantes a obtener un permiso de conducción para circular acompañados de un profesor o de una persona que reúna los requisitos reglamentarios, durante las prácticas de conducción.
• Autorización especial para conductores con discapacidad: permite conducir vehículos adaptados o con condiciones específicas, previa evaluación de la aptitud psicofísica y de las adaptaciones necesarias.
• Autorización para conducción de vehículos de emergencia: habilita a los conductores de vehículos prioritarios (policía, bomberos, ambulancias) para circular en condiciones especiales de prioridad, sin perjuicio de la necesidad del permiso de la clase correspondiente.

El artículo 15 también regula el procedimiento de obtención de las autorizaciones, que exige la acreditación de los siguientes requisitos: aptitud psicofísica (examen médico), aptitud de conocimientos (pruebas teóricas y prácticas), y residencia normal en España. La norma establece que la competencia para otorgar estas autorizaciones corresponde a la Jefatura Central de Tráfico u órganos periféricos de la Dirección General de Tráfico.

Además, el artículo 15.3 contempla la posibilidad de que reglamentariamente se establezcan autorizaciones de carácter temporal para supuestos excepcionales (por ejemplo, conducción de vehículos históricos o de pruebas de fabricación), siempre que se acredite la aptitud del solicitante.

5. Intervención de los agentes y medidas cautelares (art. 16)

El artículo 16 regula la intervención de los agentes de la autoridad en relación con las autorizaciones administrativas para conducir. Establece que los agentes encargados de la vigilancia del tráfico podrán requerir al conductor la exhibición de la autorización que le habilite para conducir, así como la documentación del vehículo. La negativa a exhibir la documentación puede constituir una infracción autónoma.

Este precepto también contempla la posibilidad de que los agentes inmovilicen el vehículo en los siguientes supuestos: cuando el conductor no sea titular de la autorización correspondiente, cuando la autorización esté suspendida o intervenida por resolución judicial o administrativa, o cuando el conductor presente síntomas evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos.

La norma habilita a los agentes para retirar cautelarmente la autorización y remitirla a la autoridad competente cuando el conductor haya sido denunciado por la comisión de alguna de las infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos (art. 80), o cuando existan indicios racionales de que la autorización fue obtenida fraudulentamente o ha sido alterada.

• Inmovilización del vehículo: procede cuando el conductor carece de autorización, la tiene suspendida o intervenida, o conduce bajo los efectos del alcohol o drogas (art. 16.2).
• Retirada cautelar: procede en los casos de denuncia por infracciones que impliquen pérdida de puntos o cuando haya indicios de fraude en la obtención (art. 16.3).
• Procedimiento: la retirada cautelar debe comunicarse a la autoridad competente en el plazo de 48 horas, que decidirá sobre la suspensión provisional o definitiva.

1. Marco normativo y principios generales del régimen sancionador

El régimen sancionador en materia de tráfico y seguridad vial se regula en los arts. 17 a 19 y 65 a 67 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial (en adelante, LTSV). Su desarrollo reglamentario se contiene en el Real Decreto 1428/2003 (Reglamento General de Circulación) y en el Real Decreto 320/1994 (Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico).

El art. 17 LTSV establece que la responsabilidad por las infracciones a la normativa de tráfico recae directamente en el autor del hecho. No obstante, se prevén supuestos especiales de responsabilidad subsidiaria:

• Conductor y titular del vehículo: si el conductor no es identificado, el titular (persona física o jurídica) responde solidariamente (art. 17.2 LTSV).
• Empresas de alquiler sin conductor: responden subsidiariamente si no consta el conductor en el contrato (art. 17.3 LTSV).
• Personas jurídicas: responden de las infracciones cometidas por sus empleados o dependientes en el ejercicio de sus funciones (art. 17.4 LTSV).

El art. 18 LTSV regula la prescripción: las infracciones leves prescriben a los 3 meses, las graves a los 6 meses y las muy graves al año. Las sanciones impuestas prescriben a los 3 años (art. 18.2 LTSV).

2. Clasificación de las infracciones: leves, graves y muy graves

El art. 65 LTSV establece la clasificación tripartita de las infracciones. La distinción es esencial porque determina la cuantía de la sanción, la posible pérdida de puntos y el procedimiento aplicable.

Infracciones leves (art. 65.1 LTSV): son aquellas que no estén tipificadas como graves o muy graves. Se sancionan con multa de hasta 100 euros. No conllevan pérdida de puntos.

Infracciones graves (art. 65.2 LTSV): se enumeran de forma tasada. Entre las más relevantes:

• Superar los límites de velocidad en más de 20 km/h en vías urbanas o en más de 30 km/h en vías interurbanas (art. 65.2.a).
• Conducir con tasas de alcohol superiores a las reglamentarias (art. 65.2.b).
• Conducir con presencia de drogas en el organismo (art. 65.2.c).
• No usar el cinturón de seguridad, casco o sistemas de retención infantil (art. 65.2.d).
• Usar el teléfono móvil u otros dispositivos incompatibles con la conducción (art. 65.2.e).
• No respetar semáforos en rojo o señales de stop (art. 65.2.f).
• Conducir sin la revisión periódica del vehículo (ITV) cuando sea obligatoria (art. 65.2.g).

Infracciones muy graves (art. 65.3 LTSV): son las de mayor entidad:

• Superar los límites de velocidad en más de 40 km/h en vías urbanas o en más de 60 km/h en vías interurbanas (art. 65.3.a).
• Conducir con una tasa de alcohol que duplique la permitida (art. 65.3.b).
• Conducir con presencia de drogas y además con síntomas evidentes de estar bajo su influencia (art. 65.3.c).
• Conducir temerariamente o con desprecio a la vida de los demás (art. 65.3.d).
• Conducir sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción (art. 65.3.e).
• No someterse a las pruebas de alcohol o drogas legalmente establecidas (art. 65.3.f).

3. Sanciones y criterios de graduación (art. 66 LTSV)

El art. 66 LTSV regula la graduación de las sanciones. La cuantía de la multa se determina considerando:

• Gravedad del hecho y su peligrosidad para la circulación.
• Intencionalidad o negligencia del infractor.
• Reincidencia: se considera reincidente a quien haya sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza en el año anterior (art. 66.1.c).
• Beneficio económico obtenido por la infracción.

La sanción de multa se impone en su grado mínimo cuando concurren circunstancias atenuantes, y en grado máximo cuando concurren agravantes. El pronto pago (art. 66.2 LTSV) permite reducir la multa en un 50% si se abona en el plazo de 20 días naturales desde la notificación, con renuncia expresa a formular alegaciones.

Además de la multa, las infracciones graves y muy graves pueden conllevar sanciones accesorias (art. 66.3 LTSV):

• Pérdida de puntos del permiso de conducir (art. 67 LTSV).
• Inmovilización del vehículo (art. 66.3.b).
• Retirada del permiso o licencia en casos de conducción temeraria o con exceso de alcohol muy grave.

4. El sistema de pérdida de puntos (art. 67 LTSV)

El art. 67 LTSV regula el permiso por puntos. Todo conductor parte con un saldo inicial de 12 puntos (art. 67.1). La pérdida de puntos se produce por la comisión de infracciones graves o muy graves, según la siguiente escala:

• 4 puntos: exceso de velocidad grave (art. 65.2.a), no usar cinturón/casco (art. 65.2.d), conducir con alcohol entre 0,25 y 0,60 mg/l (art. 65.2.b).
• 6 puntos: exceso de velocidad muy grave (art. 65.3.a), conducir con alcohol superior a 0,60 mg/l (art. 65.3.b), conducir con drogas (art. 65.3.c), conducción temeraria (art. 65.3.d), negativa a pruebas (art. 65.3.f).
• 3 puntos: uso del teléfono móvil (art. 65.2.e), no respetar semáforos (art. 65.2.f).

La recuperación de puntos (art. 67.3 LTSV) puede lograrse de dos formas:

• Por el transcurso del tiempo: si en 2 años (1 año para conductores profesionales) no se cometen infracciones que conlleven pérdida de puntos, se recupera el saldo inicial.
• Por cursos de sensibilización: realizar un curso de 12 horas permite recuperar 4 puntos (máximo 8 puntos en un período de 2 años).

La pérdida total de puntos (art. 67.4 LTSV) conlleva la pérdida de vigencia del permiso y la imposibilidad de obtener uno nuevo en 6 meses (3 meses para conductores profesionales).

5. Procedimiento sancionador y competencias

El procedimiento sancionador se rige por el Real Decreto 320/1994 y por la Ley 39/2015 (LPACAP) en lo no previsto. Las fases esenciales son:

• Denuncia: formulada por los agentes de la autoridad (Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Mossos d'Esquadra, etc.). Debe notificarse en el acto o por correo (art. 87 LTSV).
• Alegaciones: plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones desde la notificación.
• Resolución: dictada por el órgano competente. El silencio administrativo tiene efecto estimatorio (art. 95 LTSV).
• Recursos: contra la resolución cabe recurso de alzada ante el órgano superior (plazo de 1 mes) y posteriormente contencioso-administrativo.

Las competencias sancionadoras (art. 19 LTSV) corresponden:

• Jefatura Central de Tráfico: infracciones en vías interurbanas y las que afecten a la seguridad vial.
• Alcaldes: infracciones en vías urbanas, salvo las que afecten a la seguridad vial (que corresponden a la Jefatura).
• Comunidades Autónomas: en el ámbito de sus competencias de tráfico.

La ejecución de las sanciones se realiza mediante el procedimiento de apremio si no se paga voluntariamente (art. 96 LTSV). Las multas prescriben a los 3 años desde la firmeza de la resolución (art. 18.2 LTSV).

1. Régimen jurídico y principios del procedimiento sancionador (art. 68)

El procedimiento sancionador en materia de tráfico se rige por lo dispuesto en el art. 68 del RDL 6/2015, que remite con carácter supletorio a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). El art. 68.1 establece que la instrucción corresponde al órgano sancionador, si bien la tramitación podrá estar asistida por las Jefaturas Provinciales de Tráfico u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

• Principio de legalidad: solo constituyen infracciones las conductas tipificadas en los arts. 65-67 del RDL 6/2015 (art. 25 CE).
• Principio de tipicidad: la calificación de la infracción y la sanción aplicable se determinan conforme a los arts. 65-67, sin analogía (art. 27 LRJSP).
• Principio de proporcionalidad: el art. 68.2 exige que la sanción sea proporcionada a la gravedad del hecho, considerando el riesgo creado y la intencionalidad.
• Presunción de inocencia: el art. 68.3 garantiza que el denunciado puede formular alegaciones y proponer pruebas en cualquier momento del procedimiento.
• Prohibición de doble sanción (non bis in idem): el art. 68.4 impide sancionar dos veces por el mismo hecho si concurre identidad de sujeto, hecho y fundamento (art. 31 LRJSP).

2. Fases del procedimiento: iniciación, instrucción y terminación (arts. 69-72)

El procedimiento se inicia de oficio o por denuncia (art. 69.2). La denuncia formulada por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o policías autonómicas/locales tiene presunción de veracidad (art. 77.3) salvo prueba en contrario, pero debe contener los datos esenciales del art. 69.3: hechos, fecha, lugar, identificación del vehículo y del denunciado.

• Notificación de la denuncia: debe practicarse en el acto (art. 69.4). Si no es posible, se notifica por medios electrónicos o en el domicilio fiscal del titular del vehículo (art. 69.5).
• Alegaciones previas: el denunciado puede formular alegaciones en el plazo de 20 días naturales desde la notificación (art. 69.6).
• Instrucción: el instructor practica las pruebas necesarias, con un plazo máximo de 6 meses para resolver (art. 69.7).
• Resolución: el órgano competente dicta resolución motivada, que puede ser estimatoria o desestimatoria (art. 70). La resolución debe notificarse en el plazo de 6 meses desde la iniciación; si no, se produce la caducidad (art. 70.2).

3. Medidas provisionales y cautelares (art. 71)

El art. 71 regula las medidas provisionales que pueden adoptarse para asegurar la eficacia de la resolución final. Se distinguen dos tipos: las que puede adoptar cualquier agente en el acto y las que requiere resolución motivada del órgano sancionador.

• Medidas inmediatas del agente (art. 71.1):
  • Inmovilización del vehículo cuando no se pueda continuar la marcha por riesgo para la seguridad vial (art. 71.1.a).
  • Retirada del permiso de conducir cuando el conductor supere las tasas de alcohol o drogas, o presente síntomas evidentes (art. 71.1.b).
  • Retirada del vehículo de la vía (grúa) en los casos del art. 71.1.c (obstaculización grave, accidente, etc.).
• Medidas del órgano sancionador (art. 71.2):
  • Suspensión cautelar del permiso de conducir o del vehículo, cuando la infracción sea muy grave y exista riesgo inminente (art. 71.2.a).
  • Depósito del vehículo en caso de infracciones graves o muy graves que impidan circular (art. 71.2.b).
• Duración: las medidas provisionales no pueden exceder de 3 meses salvo que se dicte resolución en plazo (art. 71.3).
• Levantamiento: se alzan cuando desaparezcan las causas que las motivaron o se dicte resolución definitiva (art. 71.4).

4. Ejecución de sanciones y pago voluntario (arts. 72-75)

El art. 72 regula la ejecución de las sanciones firmes. Las multas se pagan en el plazo de 20 días naturales desde la notificación de la resolución (art. 72.1). Si no se paga voluntariamente, se inicia la vía de apremio conforme a la normativa tributaria (art. 72.2).

• Pago en periodo voluntario (art. 72.3): con reducción del 50% si se paga dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la denuncia, siempre que la infracción no sea muy grave con resultado de accidente.
• Pago con reducción del 30% (art. 72.4): si se paga dentro de los 20 días naturales tras la notificación de la resolución sancionadora, sin alegaciones previas.
• Recargo de apremio: si no se paga en periodo voluntario, se aplica un recargo del 20% sobre la multa (art. 72.5).
• Ejecución forzosa (art. 73): la Administración puede embargar bienes del deudor, conforme a la Ley General Tributaria.
• Prescripción de sanciones (art. 74): las sanciones prescriben a los 4 años las muy graves, y a los 2 años las graves y leves, contados desde la firmeza de la resolución.

1. Configuración legal del permiso por puntos y saldo inicial

El permiso por puntos (o licencia de conducción por puntos) se regula en los arts. 47 a 51 y 63 y 64 del RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial (en adelante, LTSV). Su naturaleza jurídica es la de un sistema de pérdida de vigencia parcial del permiso, no una sanción autónoma, sino una consecuencia accesoria de determinadas infracciones muy graves o graves (art. 47.1 LTSV).

El saldo inicial de puntos es de 8 puntos con carácter general (art. 47.2 LTSV). No obstante, se establecen dos supuestos de saldo inicial superior:

• 12 puntos: conductores profesionales (transporte de mercancías, viajeros, taxi, VTC, ambulancias, etc.) y conductores de vehículos prioritarios, siempre que acrediten la condición profesional (art. 47.3 LTSV).
• 15 puntos: conductores profesionales con 2 años sin infracciones que hayan generado pérdida de puntos (art. 47.4 LTSV).

El saldo de puntos se consulta en el Registro de Conductores e Infractores (art. 47.5 LTSV), gestionado por la DGT. El sistema se basa en la acumulación de puntos por no cometer infracciones y en la detracción por infracciones cometidas.

2. Sistema de detracción de puntos (art. 48 LTSV)

La detracción de puntos opera por la comisión de infracciones muy graves (pérdida de 6 puntos) y graves (pérdida de 3 o 4 puntos), conforme al art. 48 LTSV. Las infracciones leves no detraen puntos. Las detracciones más relevantes son:

• 6 puntos (muy graves): conducir con tasas de alcohol superiores a las reglamentarias (art. 77.2.a LTSV), conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos (art. 77.2.b), conducción temeraria (art. 77.2.c), circular en sentido contrario (art. 77.2.d), participar en carreras ilegales (art. 77.2.e), exceso de velocidad superior en más del 50% a la permitida (art. 77.2.f), y conducir sin permiso o licencia por pérdida de vigencia (art. 77.2.g).
• 4 puntos (graves): exceso de velocidad entre el 30% y el 50%, no mantener la distancia de seguridad, adelantamientos peligrosos, incumplir las normas de prioridad, usar el móvil sujetándolo con la mano (art. 77.3 LTSV), entre otras.
• 3 puntos (graves): no usar el cinturón de seguridad, casco o SRI, no respetar semáforos en rojo, conducir sin alumbrado reglamentario, etc. (art. 77.3 LTSV).

La detracción se produce una vez firme la sanción en vía administrativa (art. 48.1 LTSV). Si se cometen varias infracciones en un mismo acto, se detraen los puntos de cada una de ellas, sin perjuicio de los límites del art. 48.2 LTSV: el saldo no puede ser negativo, quedando el conductor sin puntos.

3. Pérdida de vigencia del permiso (art. 49 LTSV)

La pérdida de vigencia del permiso o licencia se produce cuando el conductor agota su saldo de puntos (art. 49.1 LTSV). Esta pérdida de vigencia no es una sanción, sino una medida administrativa que impide conducir hasta la recuperación.

El procedimiento es el siguiente:

• La Jefatura Provincial de Tráfico notifica al interesado la pérdida de vigencia, con indicación de la fecha de efectos (art. 49.2 LTSV).
• El conductor debe entregar el permiso en la Jefatura en el plazo de 15 días desde la notificación (art. 49.3 LTSV).
• La pérdida de vigencia implica que el conductor no puede obtener un nuevo permiso durante un período mínimo de 6 meses (art. 49.4 LTSV).
• Si la pérdida de vigencia se produce por reincidencia en infracciones de alcohol o drogas, el período mínimo de espera se eleva a 12 meses (art. 49.4, segundo párrafo, LTSV).

4. Recuperación del saldo de puntos (art. 50 LTSV)

La recuperación del saldo de puntos puede producirse por dos vías: por el transcurso del tiempo sin cometer infracciones o mediante la realización de cursos de sensibilización y reeducación vial (art. 50 LTSV).

4.1. Recuperación por el transcurso del tiempo (art. 50.1 LTSV):

• Si el conductor no pierde puntos durante 2 años, recuperará el saldo inicial (8, 12 o 15 puntos según el caso).
• Si el conductor ha perdido puntos y no comete nuevas infracciones, podrá recuperar hasta un máximo de 8 puntos (o el saldo inicial si es inferior) transcurridos 2 años desde la última detracción (art. 50.1 LTSV).

4.2. Recuperación mediante cursos (art. 50.2 y 50.3 LTSV):

• Los conductores que no hayan perdido la vigencia pueden recuperar hasta 4 puntos mediante la realización de un curso de sensibilización y reeducación vial de 12 horas de duración (art. 50.2 LTSV).
• Los conductores que hayan perdido la vigencia pueden recuperar el permiso superando un curso de 24 horas y abonando la tasa correspondiente (art. 50.3 LTSV).
• La realización de estos cursos no elimina los antecedentes ni las sanciones firmes, solo permite recuperar puntos (art. 50.4 LTSV).

5. Régimen de los cursos y reincidencia (arts. 51 y 63-64 LTSV)

El art. 51 LTSV regula los requisitos de los cursos de sensibilización y reeducación vial. Estos cursos deben ser homologados por la DGT y pueden impartirse en modalidad presencial u online (para los de 12 horas). El contenido incluye materias de seguridad vial, respeto a las normas y concienciación sobre los riesgos de la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.

El art. 63 LTSV se refiere a la reincidencia: se considera reincidente a quien haya sido sancionado anteriormente por la misma infracción en el plazo de 1 año. La reincidencia agrava la sanción económica y, en su caso, la detracción de puntos (art. 63.1 LTSV).

El art. 64 LTSV establece el régimen de las infracciones y sanciones en materia de tráfico, remitiéndose a la clasificación de leves, graves y muy graves del art. 77 LTSV. Las sanciones por infracciones que detraen puntos se imponen sin perjuicio de la detracción correspondiente (art. 64.1 LTSV).

En cuanto a la recuperación de puntos tras pérdida de vigencia, el conductor debe esperar el plazo mínimo (6 o 12 meses) antes de poder realizar el curso de 24 horas (art. 49.4 y 50.3 LTSV). Superado el curso, se le expide nuevo permiso con el saldo inicial correspondiente.

1. Obligaciones generales de los conductores y usuarios (arts. 18 y 19)

El art. 18 del RDL 6/2015 establece el núcleo de las obligaciones del conductor: mantener la libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción; garantizar su propia seguridad y la de los demás ocupantes del vehículo, y mantener la posición adecuada y la sujeción de los elementos del vehículo. Además, el conductor está obligado a utilizar el cinturón de seguridad y, en su caso, el casco en los términos reglamentarios (art. 18.1). El apartado 2 del art. 18 prohíbe expresamente la conducción con auriculares o teléfonos u otros dispositivos que disminuyan la atención, salvo que el desarrollo reglamentario lo permita (p. ej., sistemas de manos libres con condiciones específicas).

El art. 19 regula la obligación de los conductores y ocupantes de vehículos de dos ruedas de usar casco de protección homologado. Su apartado 1 impone esta obligación tanto en vías urbanas como interurbanas, con las excepciones reglamentarias (p. ej., vehículos de reparto en determinadas condiciones). El apartado 2 extiende la obligación a los menores de edad que viajen en bicicleta o ciclomotor, quienes además deben usar casco y, cuando proceda, elementos reflectantes.

2. Obligaciones específicas en caso de accidente y auxilio (arts. 20-22)

El art. 20 impone a los conductores y usuarios implicados en un accidente de circulación la obligación de detenerse en el lugar del siniestro, auxiliar a los heridos y colaborar con las autoridades. El apartado 2 obliga a facilitar su identidad y la del vehículo a los afectados o a la autoridad. El art. 21 regula el deber de auxilio genérico: toda persona que presencie un accidente debe auxiliar a las víctimas, avisar a la autoridad y prestar colaboración sin poner en peligro su propia seguridad. El art. 22 establece la obligación de no abandonar el lugar del accidente antes de que las autoridades lo autoricen, salvo que sea necesario para prestar auxilio o recibir asistencia.

Estas obligaciones se complementan con el art. 23, que impone a los conductores la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas cuando lo requiera la autoridad, en los términos del art. 14 del Reglamento General de Circulación (RGC, RD 1428/2003). El art. 24 regula la obligación de denunciar los accidentes en los que se haya producido daños materiales cuando no sea posible identificar a los implicados.

3. Medidas de seguridad vial: cinturón, casco y sistemas de retención (arts. 25-27)

El art. 25 establece la obligación general de usar cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil homologados. Su apartado 1 obliga al conductor y a los pasajeros a utilizarlos siempre que el vehículo disponga de ellos, tanto en vías urbanas como interurbanas. El apartado 2 exime de esta obligación a los conductores de vehículos de emergencia en servicio urgente y a los taxistas en determinadas circunstancias, así como a quienes tengan certificado médico que lo contraindique. El art. 26 regula el uso del casco en ciclomotores y motocicletas, precisando que debe estar homologado y correctamente abrochado (art. 26.1). El apartado 2 prohíbe circular sin casco en vías interurbanas, salvo excepciones reglamentarias para vehículos de tres ruedas con carrocería.

El art. 27 establece las medidas de seguridad para menores: los menores de 12 años no pueden viajar en los asientos delanteros salvo que usen sistemas de retención homologados y su talla lo permita (art. 27.1). El apartado 2 obliga a que los menores de 3 años usen sistemas de retención infantil en todo caso, y los de 3 a 12 años cuando su estatura no alcance los 135 cm (art. 27.2). El incumplimiento de estas obligaciones se tipifica como infracción grave (art. 76.2.c) y muy grave en caso de menores sin sistema de retención (art. 77.1.c).

4. Otras obligaciones de los usuarios: circulación de peatones y animales (arts. 28-29)

El art. 28 regula las obligaciones de los peatones: deben circular por el arcén o, en su defecto, por la calzada en caso de no existir zona peatonal, y respetar las señales y semáforos. El apartado 2 prohíbe a los peatones cruzar la calzada fuera de los pasos habilitados o permanecer en la calzada salvo necesidad. El apartado 3 obliga a los peatones a usar elementos reflectantes o prendas visibles cuando circulen por vías interurbanas en condiciones de baja visibilidad (art. 28.3). El art. 29 se refiere a la circulación de animales: los conductores de vehículos de tracción animal y los jinetes deben circular por el arcén y respetar las normas de circulación. El apartado 2 prohíbe la conducción de animales sueltos o en rebaños sin las debidas precauciones, y exige que los animales vayan identificados y con las medidas de seguridad necesarias.

Estas obligaciones se completan con el art. 29.3, que impone a los responsables de animales la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que invadan la calzada o pongan en peligro la circulación, bajo sanción como infracción grave (art. 76.2.i).

5. Régimen sancionador y responsabilidad (arts. 76-77 en relación con los arts. 18-29)

El incumplimiento de las obligaciones de los arts. 18-29 se tipifica en el art. 76 (infracciones graves) y art. 77 (muy graves). Así, el art. 76.2.a) sanciona la conducción con auriculares o teléfonos (art. 18.2); el art. 76.2.b) el incumplimiento de la obligación de usar cinturón o casco (arts. 18 y 25); el art. 76.2.c) el uso incorrecto de sistemas de retención infantil (art. 27); y el art. 76.2.d) la conducción sin casco en vías interurbanas (art. 26). El art. 77.1.c) tipifica como muy grave la conducción de menores de 12 años sin sistema de retención homologado (art. 27.1).

Las sanciones económicas oscilan entre 200 y 500 euros para las graves (art. 76), y 500 euros para las muy graves (art. 77), sin perjuicio de la posible pérdida de puntos (art. 80.2). El art. 82 establece la responsabilidad solidaria del titular del vehículo y el conductor en caso de infracciones, salvo que el titular demuestre la cesión del vehículo (art. 82.1). La responsabilidad penal se reserva para los delitos contra la seguridad vial (arts. 379-385 CP), que se aplican con independencia de la vía administrativa.

1. Régimen general de responsabilidad civil y penal (arts. 76 y 77)

El artículo 76 del RDL 6/2015 establece que la responsabilidad civil y penal derivada de los hechos regulados en esta ley se exigirá de acuerdo con las reglas generales del Código Penal y del Código Civil, sin perjuicio de las especialidades previstas en la propia norma. En particular, el art. 76.1 precisa que la responsabilidad penal se rige por el Código Penal, y la civil por los arts. 1.902 y siguientes del Código Civil, con las particularidades del seguro obligatorio.

• Responsabilidad penal: los delitos contra la seguridad vial (arts. 379 a 385 bis CP) se aplican con carácter preferente, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan por infracciones concurrentes (art. 76.2).
• Responsabilidad civil: el conductor responde de los daños causados por culpa o negligencia (art. 1.902 CC), y el titular del vehículo responde solidariamente salvo prueba de diligencia (art. 76.3, en relación con el art. 1.903 CC).
• Acción de repetición: la aseguradora puede repetir contra el conductor si hubiera conducción bajo influencia de alcohol/drogas o fuga (art. 76.4, en relación con el art. 10 LRCSCVM).

2. Responsabilidad administrativa y compatibilidad de sanciones (art. 77)

El artículo 77 establece que las infracciones a esta ley serán sancionadas administrativamente, sin perjuicio de que los hechos puedan constituir delito o falta penal. En tal caso, la Administración se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador si el órgano judicial comunica la apertura de diligencias penales (art. 77.1).

• Regla de no duplicidad: si recae sentencia penal condenatoria, la Administración no podrá sancionar los mismos hechos (art. 77.2, principio non bis in idem).
• Excepción: si la sentencia es absolutoria por falta de tipicidad penal, la Administración puede continuar el expediente sancionador por la infracción administrativa correspondiente (art. 77.3).
• Responsabilidad civil derivada de infracción: la sanción administrativa no excluye la obligación de reparar los daños, que se exigirá por la vía civil (art. 77.4).

3. Otras disposiciones: medidas provisionales, inmovilización y retirada del vehículo (arts. 78-80)

Los artículos 78 a 80 regulan medidas cautelares y ejecutivas. El art. 78 permite a los agentes de la autoridad inmovilizar el vehículo cuando existan indicios de que el conductor supera las tasas de alcohol o consume drogas, o cuando el vehículo presente deficiencias que supongan un riesgo grave para la seguridad vial (art. 78.1).

• Inmovilización por alcohol/drogas: se prolongará hasta que desaparezca la causa (art. 78.2), y el conductor deberá hacerse cargo del vehículo o designar a un conductor apto.
• Retirada del vehículo (art. 79): procede cuando el vehículo está estacionado en lugar peligroso o obstaculiza la circulación, o cuando el conductor no comparece tras un accidente (art. 79.1). El depósito del vehículo genera gastos a cargo del titular (art. 79.2).
• Art. 80: regula la devolución del vehículo al titular o conductor legítimo, previo pago de los gastos de grúa y depósito, salvo que se acredite el robo del vehículo (art. 80.1).

4. Disposiciones adicionales relevantes: competencias, adaptación normativa y régimen sancionador especial

Las disposiciones adicionales del RDL 6/2015 complementan el régimen de responsabilidad. Destacan las siguientes:

• Disposición adicional primera: habilita al Gobierno para actualizar las cuantías de las multas mediante real decreto, teniendo en cuenta el IPC (sin alterar la naturaleza de las infracciones).
• Disposición adicional tercera: regula la colaboración entre administraciones (DGT, CCAA y Entidades Locales) para el intercambio de datos y la gestión de sanciones.
• Disposición adicional octava: establece que los vehículos de transporte escolar y de mercancías peligrosas quedan sujetos a controles específicos de seguridad, con responsabilidad solidaria del titular y del transportista (art. 13.4 en relación con esta DA).
• Disposición adicional novena: regula el sistema de puntos y la pérdida de vigencia del permiso, remitiendo al Reglamento General de Conductores (RD 818/2009).

5. Normas complementarias: seguro obligatorio y responsabilidad patrimonial del Estado

El régimen de responsabilidad se completa con normas complementarias que no están en los arts. 76-80 pero se citan en las disposiciones adicionales:

• Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (art. 2 RDL 8/2004): todo vehículo con estacionamiento habitual en España debe tener seguro, con cobertura mínima de 70 millones de euros por siniestro para daños personales (DA 1ª RDL 6/2015 remite a la normativa de seguros).
• Responsabilidad patrimonial de la Administración: los daños causados por el mal estado de la vía o por señalización defectuosa se exigen conforme a los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, siendo competente la administración titular de la vía (DA 2ª RDL 6/2015).
• Convenios internacionales: en accidentes transfronterizos se aplica el Convenio de La Haya de 1971 y el Reglamento (CE) 864/2007 (Roma II), que determinan la ley aplicable a la responsabilidad civil (DA 5ª RDL 6/2015).