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Este manual premium de estudio ha sido concebido para cubrir el programa oficial de oposiciones de España relativo a la Ley 7/1985 — Reguladora de las Bases del Régimen Local. Ha sido diseñado específicamente para maximizar el rendimiento de estudio en convocatorias estatales, autonómicas y locales.
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Para facilitar tu memorización, cada capítulo cuenta con el sistema de colores de subrayado y cajas especiales:
- 🟢 Verde: Plazos, días y términos de examen obligatorios.
- 🟡 Amarillo: Definiciones literales y conceptos clave.
- 🔴 Rojo: Supuestos de nulidad y prohibiciones críticas.
- 💡 Trucos mnemotécnicos: Reglas cortas de retención inmediata.
- ⚠️ Trampas frecuentes: Las preguntas confusas de exámenes previos.
Tema I — Disposiciones Generales del Régimen Local
Estimados opositores, bienvenidos a la primera piedra angular de nuestro estudio sobre el Régimen Local español. Como catedrático, mi objetivo es que comprendan la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), no solo memorizando su articulado, sino interiorizando su espíritu y dominando su aplicación práctica. Este tema introductorio es crucial, pues establece el marco conceptual y las bases jurídicas sobre las que se construye todo el Derecho Local. Abordaremos el objeto de la LRBRL, la naturaleza de las entidades locales, la importancia del territorio y las potestades administrativas fundamentales que les corresponden, con especial atención a la potestad reglamentaria y tributaria.
1. Objeto y Naturaleza de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
La LRBRL es una norma de carácter básico en el ordenamiento jurídico español, dictada en desarrollo del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Su finalidad primordial es garantizar la autonomía local, estableciendo un marco uniforme y esencial para todas las entidades locales del Estado, sin perjuicio de las competencias de desarrollo legislativo que corresponden a las Comunidades Autónomas y de la potestad reglamentaria de las propias entidades locales.
El objeto de la LRBRL se define en su Artículo 1, que establece lo siguiente:
«Artículo 1.
- ▶ La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales relativos a la autonomía local, estableciendo las bases del régimen jurídico de las Entidades locales, determinando las competencias que corresponden a las mismas en garantía de la autonomía constitucionalmente reconocida, y regulando su organización y funcionamiento.
- ▶ Las Comunidades Autónomas y el Estado, en el ejercicio de sus respectivas competencias, deberán tener en cuenta la autonomía local constitucionalmente garantizada.»
De este artículo se desprenden varios aspectos fundamentales:
- ▶ Es una ley de bases, lo que significa que fija los principios y el marco general, dejando a las Comunidades Autónomas la labor de dictar normas de desarrollo.
- ▶ Su fin último es garantizar la autonomía local, un principio constitucional reconocido en los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución Española.
- ▶ Regula el régimen jurídico, las competencias, la organización y el funcionamiento de las Entidades Locales.
2. Las Entidades Locales: Concepto y Tipología
El concepto de Entidad Local hace referencia a aquellos entes públicos territoriales dotados de personalidad jurídica propia y autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Son una parte fundamental de la organización territorial del Estado, permitiendo la participación ciudadana y la descentralización administrativa.
El Artículo 3 de la LRBRL enumera las Entidades Locales territoriales que existen en España:
«Artículo 3.
- ▶ Son Entidades locales territoriales:
- ▶ El Municipio.
- ▶ La Provincia.
- ▶ La Isla en los archipiélagos balear y canario.
- ▶ Gozan también de la condición de Entidades locales las siguientes:
- ▶ Las comarcas y otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas conforme a lo dispuesto en esta Ley y en los correspondientes Estatutos de Autonomía.
- ▶ Las áreas metropolitanas.
- ▶ Las mancomunidades de Municipios.
Tendrán asimismo la consideración de Entidades locales las Entidades de ámbito inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus respectivos Estatutos y la legislación de régimen local.»
Es fundamental distinguir entre las Entidades Locales territoriales básicas (Municipio, Provincia, Isla), cuya existencia es obligatoria y deriva directamente de la Constitución y la LRBRL, y las demás, cuya creación es facultativa y depende de la voluntad de las Comunidades Autónomas o de los propios municipios.
3. El Territorio de las Entidades Locales
El territorio constituye un elemento esencial de las Entidades Locales territoriales. Sin un ámbito espacial definido, la autonomía y las competencias de estas entidades carecerían de sentido. La LRBRL establece principios generales sobre el territorio, remitiéndose a la legislación autonómica para su desarrollo y a la legislación específica para la alteración de términos municipales.
El Artículo 2 de la LRBRL proclama la autonomía de las Entidades Locales para la gestión de sus respectivos intereses, y señala que:
«Artículo 2.
- ▶ Las Entidades locales sirven a los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
- ▶ Gozan de la potestad reglamentaria y de autoorganización, así como de las demás potestades que esta Ley o la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas les atribuyan.»
Aunque no define el territorio, implica su existencia al referirse a la gestión de intereses "respectivos". Es el Artículo 11 el que centra la atención en el Municipio como entidad local básica:
«Artículo 11.
- ▶ El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica plena.
- ▶ Su término municipal es el elemento territorial.
- ▶ Gozan de la condición de vecinos de un Municipio quienes residan habitualmente en su término municipal.»
La delimitación y alteración de términos municipales es una competencia que corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con su legislación específica y respetando los principios establecidos en la LRBRL. Estas alteraciones no pueden suponer la privación de la condición de municipio a una entidad que la posea, salvo en casos excepcionales y con las garantías legales establecidas.
4. Potestades Administrativas Locales: Marco General
La autonomía local, reconocida constitucionalmente, se traduce en la atribución de potestades administrativas a las Entidades Locales para gestionar sus intereses. Estas potestades son instrumentos jurídicos que permiten a la Administración Local actuar con eficacia y cumplir sus fines. El Artículo 4 de la LRBRL enumera las potestades básicas:
«Artículo 4.
- ▶ En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los Municipios, las Provincias y las Islas:
- ▶ a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.
- ▶ b) Las potestades tributaria y financiera.
- ▶ c) La potestad de programación o planificación.
- ▶ d) La potestad expropiatoria.
- ▶ e) La potestad de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
- ▶ f) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
- ▶ g) La potestad de ejecución forzosa y la potestad sancionadora.
- ▶ h) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
- ▶ i) Las demás que les atribuyan las Leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Las restantes Entidades locales tendrán las potestades que les correspondan de acuerdo con esta Ley o las Leyes de las Comunidades Autónomas.»
Este listado es de vital importancia, ya que establece el núcleo de las potestades que garantizan la autonomía de los Municipios, Provincias e Islas. Las demás Entidades Locales tendrán las que les atribuyan sus leyes de creación o desarrollo.
5. La Potestad Reglamentaria Local
La potestad reglamentaria es la capacidad de las Entidades Locales para dictar normas jurídicas de rango inferior a la ley, con carácter general y abstracto, para regular materias de su competencia. Es una manifestación directa de su autonomía y se ejerce a través de ordenanzas y reglamentos.
El Artículo 4.1.a) ya la menciona. El Artículo 49 de la LRBRL detalla el procedimiento de aprobación de las ordenanzas y reglamentos locales:
«Artículo 49.
- ▶ El funcionamiento de los órganos colegiados de las Entidades locales se ajustará a las normas contenidas en la presente Ley, en su caso, en la legislación autonómica sobre régimen local y en los reglamentos orgánicos de cada Corporación.
- ▶ Para la aprobación de las ordenanzas y reglamentos por el Pleno de la Corporación se exigirán los siguientes trámites:
- ▶ a) Aprobación inicial por el Pleno.
- ▶ b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
- ▶ c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
- ▶ En el caso de las ordenanzas fiscales, se estará a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- ▶ Los acuerdos adoptados por las Corporaciones locales que contengan disposiciones de carácter general entrarán en vigor una vez publicado íntegramente su texto y transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la recepción de la comunicación a que se refiere el artículo 56.2 de esta Ley.»
Este procedimiento garantiza la participación ciudadana y la seguridad jurídica. Es crucial recordar el plazo de treinta días para la información pública y el de quince días hábiles para la entrada en vigor tras la publicación y comunicación.
6. La Potestad Tributaria Local
La potestad tributaria es la capacidad de las Entidades Locales para establecer y exigir tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales) para financiar los servicios públicos que prestan a sus ciudadanos. Es una manifestación esencial de su autonomía financiera, reconocida en el Artículo 142 de la Constitución Española y desarrollada por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
El Artículo 4.1.b) de la LRBRL reconoce expresamente las potestades tributaria y financiera. Aunque la LRBRL establece el principio general, la regulación específica de los tributos locales se encuentra en la Ley de Haciendas Locales (LHL).
Los principios que rigen esta potestad son los de legalidad (solo por ley se pueden establecer tributos), capacidad económica, justicia, igualdad y progresividad.
La importancia de la potestad tributaria reside en que permite a las Entidades Locales disponer de recursos propios, reduciendo su dependencia de transferencias de otras Administraciones y fortaleciendo su autonomía política y de gestión. Los principales tributos locales son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), entre otros.
7. Conclusiones y Relevancia para el Opositor
Hemos recorrido las disposiciones generales de la LRBRL, estableciendo una base sólida para el estudio del Régimen Local. Es crucial comprender que la LRBRL no es una ley aislada, sino el eje vertebrador que conecta la Constitución con la legislación auton
Tema II — El Municipio: Territorio y Población
Estimados opositores, bienvenidos a este segundo tema fundamental para la comprensión del Derecho Administrativo Local en España. Nos adentramos hoy en la esencia misma de la entidad local básica: el Municipio, analizando sus elementos constitutivos esenciales: el territorio y la población. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), se erige como nuestra guía principal, estableciendo los cimientos sobre los que se construye la autonomía local y la participación ciudadana.
Este tema no solo es crucial por su peso específico en el temario, sino porque sienta las bases para entender el alcance de las competencias municipales, la legitimación de sus órganos de gobierno y los derechos y deberes de sus ciudadanos. Abordaremos con la máxima rigurosidad técnica y jurídica el concepto de término municipal, las complejas reglas que rigen su alteración, la naturaleza y gestión del Padrón Municipal, y el estatuto jurídico de los vecinos, elementos todos ellos interconectados y vitales para el funcionamiento de la Administración Local.
1. El Municipio como Entidad Básica del Régimen Local: Marco General
El Municipio, tal como lo establece el Artículo 1.1 de la LRBRL, es la entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la colectividad respectiva. Esta definición subraya su doble naturaleza: como división territorial del Estado y como expresión de autogobierno local.
La Constitución Española, en su Artículo 137, reconoce la existencia de municipios y provincias, garantizando su autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Esta autonomía se concreta, entre otros aspectos, en la potestad de ordenar su propio territorio y gestionar su población, siempre dentro del marco legal establecido.
Los elementos esenciales del Municipio son, precisamente, el territorio (término municipal), la población (vecinos) y la organización (Ayuntamiento). La LRBRL desarrolla estos elementos, proporcionando el marco jurídico necesario para su existencia y funcionamiento. El estudio de su territorio y población es, por tanto, el punto de partida indispensable para comprender la estructura y dinámica del poder local en España.
2. El Término Municipal: Concepto y Delimitación
El territorio es uno de los elementos constitutivos del Municipio. La LRBRL define y regula el concepto de término municipal con precisión.
El Artículo 12.1 de la LRBRL dispone que: “El término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias”. Esta es una definición funcional que vincula el espacio geográfico con el ejercicio de la potestad administrativa local. Es, en esencia, la delimitación espacial del poder municipal.
- ▶ Cada Municipio pertenece a una sola provincia, y cada provincia comprende el conjunto de municipios de su territorio.
- ▶ El término municipal debe ser continuo, salvo excepciones muy justificadas y reguladas por ley.
- ▶ La delimitación de los términos municipales se realiza mediante líneas divisorias que establecen sus confines. La fijación de estas líneas, conocida como deslinde, es un procedimiento administrativo complejo que garantiza la seguridad jurídica y evita conflictos de competencias entre municipios limítrofes.
El Artículo 12.2 de la LRBRL añade que: “Todo municipio tendrá su término municipal”. Esta afirmación, aparentemente tautológica, recalca la inescindibilidad del territorio respecto de la personalidad jurídica municipal. No puede existir un municipio sin un término municipal claramente definido.
La gestión del término municipal implica no solo su delimitación física, sino también la ordenación urbanística, la gestión de servicios y la protección del medio ambiente dentro de sus límites, constituyendo la base espacial para el desarrollo de las competencias propias y delegadas del Ayuntamiento.
3. La Alteración de Términos Municipales
La configuración territorial de los municipios no es inmutable. La LRBRL prevé y regula los procedimientos para la alteración de términos municipales, siempre bajo principios de racionalidad, sostenibilidad y respeto a la voluntad de las poblaciones afectadas. El Artículo 13.1 de la LRBRL establece el principio general: “No podrán alterarse los términos municipales sino en virtud de Ley de las Comunidades Autónomas, o, en su defecto, de Ley de las Cortes Generales”. Esto subraya la reserva de ley y la competencia autonómica en la materia.
3.1. Tipos de Alteraciones (Artículo 13.1 LRBRL)
- ▶ Incorporación de uno o varios municipios a otro u otros limítrofes.
- ▶ Fusión de dos o más municipios limítrofes para constituir uno nuevo.
- ▶ Segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir un municipio independiente.
- ▶ Segregación de parte del territorio de un municipio para agregarla a otro limítrofe.
El Artículo 13.2 de la LRBRL añade una condición esencial para la creación de nuevos municipios por segregación: “la segregación de parte del territorio de un municipio para constituir otro independiente sólo será posible si el nuevo municipio cuenta con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no supone una disminución de la capacidad económica del municipio de origen que comprometa la prestación de los servicios obligatorios”. Además, requiere que el nuevo municipio cuente con una población mínima de 5.000 habitantes, salvo excepciones justificadas. Esto busca garantizar la viabilidad económica y administrativa de las nuevas entidades.
3.2. Procedimiento de Alteración (Artículos 14 y 15 LRBRL)
El procedimiento es complejo y garantiza la participación y la ponderación de intereses:
- ▶ Iniciación: Corresponde a los Ayuntamientos interesados, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta, o a la propia Comunidad Autónoma. También puede ser promovida por la mayoría de los vecinos de la parte del territorio que pretenda segregarse o incorporarse.
- ▶ Información Pública y Audiencia: Los Ayuntamientos deben someter la propuesta a información pública y dar audiencia a los interesados, incluyendo a los vecinos afectados, por un plazo no inferior a un mes.
- ▶ Informe Preceptivo: Se solicitará informe a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, así como al Consejo de Estado o al órgano consultivo autonómico equivalente, que deberá pronunciarse sobre la legalidad y oportunidad de la alteración.
- ▶ Resolución: La alteración se resuelve mediante Ley de la Comunidad Autónoma. En su defecto, corresponde a las Cortes Generales. Esta Ley deberá determinar la denominación del nuevo municipio, su capitalidad y la forma de resolver las cuestiones patrimoniales y de personal que se deriven de la alteración.
El Artículo 15 de la LRBRL establece que la Ley de la Comunidad Autónoma que apruebe la alteración deberá determinar el nombre del nuevo municipio, su capitalidad y la forma en que deben resolverse las cuestiones relativas a la distribución de bienes, derechos y obligaciones. Estas disposiciones buscan asegurar una transición ordenada y justa.
4. El Padrón Municipal: Naturaleza y Contenido
La población es el segundo elemento esencial del Municipio. El instrumento jurídico que registra y certifica esta población es el Padrón Municipal.
4.1. Concepto y Obligatoriedad (Artículo 16.1 LRBRL)
El Artículo 16.1 de la LRBRL define el Padrón Municipal como “el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio”. Es un documento público y oficial que acredita la residencia y el domicilio habitual de las personas en el municipio. La inscripción en el Padrón es obligatoria para todas las personas que residan habitualmente en España.
- ▶ Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.
- ▶ Quien viva en varios municipios se inscribirá en el que resida durante más tiempo al año.
- ▶ Los datos del Padrón constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.
4.2. Contenido del Padrón (Artículo 16.2 LRBRL)
El Artículo 16.2 de la LRBRL especifica los datos que debe contener el Padrón Municipal. Estos datos son esenciales para la correcta identificación de los vecinos y para el ejercicio de sus derechos y deberes:
- ▶ Nombre y apellidos.
- ▶ Sexo.
- ▶ Nacionalidad.
- ▶ Lugar y fecha de nacimiento.
- ▶ Número del documento nacional de identidad o, en el caso de extranjeros, del documento que lo sustituya.
- ▶ Domicilio habitual.
- ▶ Nivel de estudios.
- ▶ Y cuantos otros datos puedan determinarse reglamentariamente.
Es importante destacar que, aunque el Padrón recoge datos personales, su finalidad es puramente administrativa y estadística. Los datos padronales son estrictamente confidenciales y su uso está limitado a las funciones para las que fueron recabados, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5. Gestión y Revisión del Padrón Municipal
La gestión del Padrón Municipal es una competencia compartida entre los Ayuntamientos y la Administración General del Estado, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE).
5.1. Competencias de los Ayuntamientos y del INE (Artículo 17.1 y 17.2 LRBRL)
El Artículo 17.1 de la LRBRL atribuye a los Ayuntamientos la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón Municipal. Esto implica la inscripción de nuevos vecinos, la modificación de
Tema III — Organización Municipal: Alcalde y Pleno
Estimados opositores, bienvenidos a este estudio profundo de la organización municipal, pilar fundamental de nuestro Derecho Administrativo y Constitucional. En esta sesión, desglosaremos los órganos necesarios de los municipios según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), con la precisión y el rigor técnico que exige vuestra preparación. Nos centraremos en el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local, analizando sus competencias, composición y régimen de funcionamiento.
1. Los Órganos Necesarios del Municipio: Marco General
La autonomía local, reconocida en el artículo 137 de la Constitución Española, se materializa a través de una organización que garantiza la gestión de los intereses propios de cada entidad. La LBRL establece una estructura orgánica básica e irrenunciable para todos los municipios, con independencia de su tamaño o características particulares. Estos son los denominados órganos necesarios, cuya existencia es obligatoria por imperativo legal.
El artículo 19.1 de la LBRL
Introducción: El Marco de las Competencias Municipales Obligatorias en la LRBRL
Estimados opositores, bienvenidos a este tema crucial para la comprensión del funcionamiento de la Administración Local en España. Nos adentramos en el estudio de las competencias propias y obligatorias de los municipios, un pilar fundamental de la autonomía local consagrada en el artículo 140 de la Constitución Española y desarrollada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). La LRBRL, como legislación básica, establece el marco general al que deben ajustarse las legislaciones autonómicas en materia de régimen local, garantizando una uniformidad esencial en todo el territorio nacional.
El concepto de competencia es central en el Derecho Administrativo, definiéndose como el conjunto de facultades y funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a una administración pública para el cumplimiento de sus fines. En el ámbito municipal, estas competencias se clasifican principalmente en propias, delegadas e impropias. Nuestro foco hoy se centra en las competencias propias de carácter obligatorio, es decir, aquellas que la ley impone a los municipios como inherentes a su naturaleza y necesarias para garantizar los servicios básicos a sus ciudadanos.
La particularidad que abordaremos radica en la modulación de estas competencias obligatorias en función del número de habitantes del municipio. Este criterio demográfico, establecido en el artículo 26 de la LRBRL, responde a la lógica de que municipios con mayor población demandan y requieren una mayor complejidad y diversidad de servicios públicos. Comprender esta gradación es esencial para cualquier futuro servidor público local.
A lo largo de este tema, desglosaremos el articulado clave, analizaremos las implicaciones prácticas y proporcionaremos herramientas mnemotécnicas y avisos sobre trampas de examen para que dominen esta materia con la máxima solvencia.
El Marco Jurídico General de las Competencias Municipales: Artículo 25 LRBRL
Antes de adentrarnos en las especificidades poblacionales, es imperativo comprender el alcance general de las competencias municipales, establecido en el artículo 25 de la LRBRL. Este precepto constituye la piedra angular de la autonomía municipal en materia competencial.
El artículo 25.1 de la LRBRL dispone lo siguiente:
«1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.»
Esta redacción subraya el principio de autoorganización y autogobierno municipal, permitiendo a los Ayuntamientos actuar en un amplio espectro de materias siempre que redunden en el beneficio de la comunidad local. Sin embargo, esta potestad no es ilimitada, sino que debe ejercerse "en el ámbito de sus competencias", lo que nos lleva a la diferenciación entre competencias propias, delegadas e impropias.
El artículo 25.2, por su parte, enumera una serie de materias en las que el municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Estas materias son:
- ▶ Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección del patrimonio histórico-artístico. Licencias.
- ▶ Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
- ▶ Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
- ▶ Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
- ▶ Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
- ▶ Policía Local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
- ▶ Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
- ▶ Patrimonio municipal.
- ▶ Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
- ▶ Protección de la salubridad pública.
- ▶ Cementerios y actividades funerarias.
- ▶ Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
- ▶ Cultura y promoción de la participación ciudadana.
- ▶ Turismo.
- ▶ Participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y creación y mantenimiento de los centros docentes públicos de educación infantil y primaria.
- ▶ Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- ▶ Edificación y rehabilitación de viviendas.
- ▶ Conservación de la naturaleza y del medio ambiente.
Es fundamental entender que estas materias son el marco general. La obligatoriedad de prestar determinados servicios dentro de estas materias es lo que determina el artículo 26, introduciendo el factor poblacional.
El Criterio Poblacional como Eje de las Competencias Obligatorias: Artículo 26 LRBRL
El artículo 26 de la LRBRL es el epicentro de nuestro tema. Establece de forma taxativa los servicios mínimos que los municipios deben prestar a sus vecinos, modulando esta obligación en función de la población. Esta diferenciación por tramos poblacionales busca adaptar la exigencia legal a la capacidad y las necesidades reales de cada entidad local, evitando imponer cargas desproporcionadas a los municipios más pequeños y garantizando una oferta de servicios adecuada en los de mayor tamaño.
El artículo 26.1 señala que:
«1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:»
A partir de aquí, el precepto desglosa las obligaciones en varias categorías, comenzando por las comunes a todos los municipios y añadiendo progresivamente más servicios a medida que aumenta la población.
Competencias Obligatorias para Todos los Municipios (Art. 26.1.a LRBRL)
La LRBRL establece una serie de servicios que deben ser prestados por todos los municipios, sin excepción alguna en cuanto a su población. Estos servicios constituyen el núcleo básico de la actuación municipal y responden a necesidades primarias de la ciudadanía. Son los servicios esenciales que garantizan una calidad de vida mínima en cualquier núcleo urbano o rural.
Según el artículo 26.1.a de la LRBRL, todos los municipios deben prestar los siguientes servicios:
- ▶ Alumbrado público: Garantizar la iluminación de las vías y espacios públicos.
- ▶ Cementerio: Disponer de un lugar adecuado para el enterramiento.
- ▶ Recogida de residuos: Organizar la recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos.
- ▶ Limpieza viaria: Mantener la higiene y salubridad de las calles y espacios públicos.
- ▶ Abastecimiento domiciliario de agua potable: Asegurar el suministro de agua apta para el consumo en los hogares.
- ▶ Alcantarillado: Proveer el sistema de evacuación de aguas residuales.
- ▶ Acceso a los núcleos de población: Garantizar la conexión viaria a los diferentes núcleos habitados del municipio.
- ▶ Pavimentación de las vías públicas: Mantener en buen estado el firme de las calles.
- ▶ Control de alimentos y bebidas: Ejercer la vigilancia sanitaria sobre productos alimenticios.
Estos nueve servicios son la base sobre la que se construye el resto de las obligaciones municipales. Representan la mínima expresión del Estado del Bienestar a nivel local y su cumplimiento es ineludible para cualquier corporación municipal, independientemente de su tamaño o recursos.
Competencias Obligatorias para Municipios con Población Superior a 5.000 Habitantes (Art. 26.1.b LRBRL)
Cuando un municipio supera la barrera de los 5.000 habitantes, la LRBRL incrementa sus obligaciones en materia de servicios públicos. Este umbral marca un punto de inflexión en la complejidad de las necesidades ciudadanas, justificando una mayor intervención municipal.
Además de los servicios mencionados en el apartado anterior, los municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar también los siguientes servicios, según el artículo 26.1.b de la LRBRL:
- ▶ Parque público: Disponer de un espacio verde para el esparcimiento y recreo de los ciudadanos.
- ▶ Biblioteca pública: Ofrecer un servicio de acceso a la cultura y la información.
- ▶ Mercado: Facilitar un espacio para la venta de productos, especialmente alimenticios.
- ▶ Tratamiento de residuos: Gestionar el tratamiento de los residuos, más allá de la mera recogida.
Estos cuatro servicios complementan los básicos, orientándose a la mejora de la calidad de vida, el acceso a la cultura y la sostenibilidad ambiental. Reflejan una evolución en las demandas sociales que surgen con el aumento de la densidad poblacional y la diversificación de las actividades económicas y sociales.
Competencias Obligatorias para Municipios con Población Superior a 20.000 Habitantes (Art. 26.1.c LRBRL)
Al superar la cifra de 20.000 habitantes, los municipios adquieren nuevas responsabilidades que responden a la necesidad de estructurar servicios más complejos y especializados. La gestión de una ciudad de este tamaño implica retos significativos en áreas como el transporte, la protección civil y el urbanismo.
Además de todos los servicios mencionados para los tramos poblacionales anteriores, los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar también los siguientes servicios, según el artículo 26.1.c de la LRBRL:
- ▶ Protección civil, evaluación y gestión de riesgos: Desarrollar planes y medios para la prevención y respuesta ante emergencias y catástrofes.
- ▶ Prestación de servicios sociales: Ofrecer servicios de atención a la dependencia, inclusión social y apoyo a colectivos vulnerables.
- ▶ Prevención y extinción de incendios: Disponer de un servicio de bomberos o colaborar en su prestación.
- ▶ Instalaciones deportivas de uso público: Promover el deporte mediante la creación y mantenimiento de infraestructuras deportivas.
- ▶ Matadero: Facilitar un centro para el sacrificio de animales para consumo.
- ▶ Transporte colectivo urbano de viajeros: Organizar y gestionar un sistema de transporte público dentro del municipio.
Estos seis servicios evidencian la necesidad de una administración más estructurada y con mayores recursos para abordar las complejidades de una población más numerosa y diversificada.
Competencias Obligatorias para Municipios con Población Superior a 50.000 Habitantes (Art. 26.1.d LRBRL)
Finalmente, los municipios que alcanzan o superan la cifra de 50.000 habitantes son considerados grandes ciudades, con una estructura y dinámica urbana que exige servicios aún más especializados y una gestión más compleja. La LRBRL refleja esta realidad añadiendo una última capa de obligaciones.
Además de todos los servicios mencionados para los tramos poblacionales anteriores, los municipios con población superior a 50.000 habitantes deberán prestar también los siguientes servicios, según el artículo 26.1.d de la LRBRL:
- ▶ Transporte público de viajeros: Gestionar un sistema más extenso y complejo de transporte urbano.
- ▶ Protección del medio ambiente: Desarrollar políticas y acciones específicas para la conservación y mejora ambiental.
Es importante destacar que la redacción del Art. 26.1.d es concisa, pero implica una intensificación y especialización de servicios ya presentes en tramos anteriores, como el transporte o la gestión ambiental, elevándolos a un nivel de obligatoriedad y exigencia superior.
1. Concepto y Fundamento Constitucional del Régimen de Concejo Abierto
El Concejo Abierto es una forma singular de organización y funcionamiento de los municipios que se caracteriza por la participación directa de todos los electores en la toma de decisiones. Su fundamento se encuentra en el artículo 140 de la Constitución Española, que garantiza la autonomía de los municipios y su gobierno y administración por sus respectivos Ayuntamientos, si bien admite excepciones para los municipios de Concejo Abierto. Esta figura entronca con una tradición histórica arraigada en muchas zonas rurales de España, donde la asamblea de vecinos ha sido desde tiempos inmemoriales el órgano supremo de gobierno.
La LRBRL, en su artículo 29, define y regula esta forma de gobierno, estableciendo los criterios para su aplicación. Es crucial entender que no es una opción discrecional para cualquier municipio, sino que responde a unas condiciones específicas que la ley determina rigurosamente.
El artículo 29 de la LRBRL establece lo siguiente:
"1. Funcionan en régimen de Concejo Abierto los municipios que tradicionalmente carecen de un número suficiente de vecinos para constituir Ayuntamiento y vienen funcionando bajo este régimen, así como aquellos otros en los que su especial localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales o razones históricas lo aconsejen.
2. En este régimen, el gobierno y la administración del municipio corresponden a un Alcalde y a una Asamblea Vecinal de la que forman parte todos los electores.
3. La adopción del régimen de Concejo Abierto requerirá la solicitud de la mayoría de los vecinos, aprobada por la Consejería competente en materia de administración local de la Comunidad Autónoma correspondiente, previo informe favorable del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo superior de la Comunidad Autónoma."
De este precepto se desprenden las siguientes claves:
- ▶ Criterio Demográfico: Tradicionalmente carecer de un número suficiente de vecinos para constituir Ayuntamiento. Aunque la LRBRL no establece un umbral numérico exacto en este artículo, la práctica y la Disposición Adicional Quinta de la LRBRL (y la LOREG) sitúan este límite en municipios con población inferior a 100 habitantes.
- ▶ Criterios Geográficos, de Gestión o Históricos: La especial localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales o razones históricas pueden justificar su adopción, incluso si el criterio demográfico no es el principal.
- ▶ Órganos de Gobierno: Un Alcalde y una Asamblea Vecinal compuesta por todos los electores. Es importante subrayar que no existen Pleno ni Junta de Gobierno Local en este régimen.
- ▶ Procedimiento de Adopción: Requiere la solicitud de la mayoría de los vecinos, aprobada por la Consejería competente de la Comunidad Autónoma, previo informe favorable del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico. Este procedimiento garantiza que la decisión responda a una voluntad vecinal mayoritaria y cuente con el aval jurídico de las instituciones consultivas superiores.
2. Órganos de Gobierno: La Asamblea Vecinal y el Alcalde
Como ya hemos avanzado, el artículo 29.2 de la LRBRL establece que en el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración del municipio corresponden a dos órganos esenciales: el Alcalde y la Asamblea Vecinal. Esta dualidad refleja la separación de funciones entre la dirección ejecutiva y la deliberación y decisión colectiva.
Es el órgano supremo de gobierno y administración del municipio.
Está integrada por todos los electores del municipio, es decir, por todos los vecinos con derecho a voto en las elecciones municipales.
Ejerce las funciones que en los municipios de régimen común corresponden al Pleno del Ayuntamiento.
Adopta los acuerdos por mayoría simple de los presentes, salvo que la ley exija una mayoría cualificada.
Controla la gestión del Alcalde y puede exigir responsabilidades.
Es el órgano unipersonal de gobierno y administración.
Es elegido directamente por los vecinos mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, conforme a la legislación electoral.
Ejerce las funciones ejecutivas y de representación del municipio.
Preside la Asamblea Vecinal y dirige los debates.
Ejecuta los acuerdos de la Asamblea y ejerce las competencias que le atribuye la ley.
No confunda la Asamblea Vecinal con el Pleno del Ayuntamiento. Aunque ejercen funciones similares en sus respectivos regímenes, la composición es radicalmente distinta: el Pleno está formado por concejales elegidos, mientras que la Asamblea Vecinal incluye a todos los electores del municipio. Esta distinción es fundamental para entender la naturaleza de democracia directa del Concejo Abierto.
3. Funcionamiento de la Asamblea Vecinal y Atribuciones
El funcionamiento de la Asamblea Vecinal se regula en el artículo 30 de la LRBRL, que establece las bases para su convocatoria, constitución y adopción de acuerdos. Es esencial conocer estos aspectos procedimentales para comprender la operatividad de este régimen.
El artículo 30 de la LRBRL dispone lo siguiente:
"1. La Asamblea Vecinal se reunirá donde tenga por costumbre, previa convocatoria del Alcalde, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, en la que se indicará el orden del día. Deberá reunirse, como mínimo, una vez cada tres meses.
2. Para la válida constitución de la Asamblea será necesaria la asistencia, al menos, de un tercio de los electores o del número que reglamentariamente se determine, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres. No obstante, si no existiera quórum en la primera convocatoria, quedará válidamente constituida en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes.
3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. El Alcalde dirimirá los empates con su voto de calidad.
4. Corresponden a la Asamblea Vecinal las atribuciones que en el régimen común corresponden al Pleno del Ayuntamiento."
Analicemos los puntos clave:
- ▶ Convocatoria: Realizada por el Alcalde, con una antelación mínima de 48 horas, y debe incluir el orden del día.
- ▶ Periodicidad: Debe reunirse como mínimo una vez cada tres meses.
- ▶ Quórum de Constitución (Primera Convocatoria): Un tercio de los electores o el número reglamentariamente determinado, nunca inferior a tres.
- ▶ Quórum de Constitución (Segunda Convocatoria): Cualquiera que sea el número de asistentes. Esta es una peculiaridad importante que facilita el funcionamiento de estos pequeños municipios.
- ▶ Adopción de Acuerdos: Por mayoría de votos de los asistentes. El Alcalde tiene voto de calidad para dirimir empates.
- ▶ Atribuciones: Las mismas que el Pleno del Ayuntamiento en el régimen común. Esto implica la aprobación de ordenanzas, presupuestos, planes urbanísticos, etc.
4. Atribuciones del Alcalde en Régimen de Concejo Abierto
Mientras que la Asamblea Vecinal ostenta las competencias deliberativas y de control, el Alcalde ejerce las funciones ejecutivas y de representación del municipio. El artículo 31 de la LRBRL detalla sus atribuciones, estableciendo un marco claro para su actuación.
El artículo 31 de la LRBRL señala lo siguiente:
"1. Corresponden al Alcalde las atribuciones que en el régimen común corresponden al Alcalde y las que corresponden a la Junta de Gobierno Local, cuando esta exista.
2. Corresponde también al Alcalde convocar y presidir las sesiones de la Asamblea Vecinal, dirigir sus deliberaciones y ordenar la ejecución de sus acuerdos."
De este artículo podemos extraer las siguientes conclusiones:
- ▶ Acumulación de Competencias: El Alcalde en Concejo Abierto asume las atribuciones que en el régimen común corresponden al Alcalde y, en su caso, a la Junta de Gobierno Local. Esto subraya su rol central en la gestión diaria y ejecutiva del municipio.
- ▶ Funciones de Convocatoria y Presidencia: Es el encargado de convocar y presidir las sesiones de la Asamblea Vecinal, dirigir los debates y moderar las intervenciones.
- ▶ Ejecución de Acuerdos: Su función es clave en la ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea Vecinal, garantizando la materialización de las decisiones colectivas.
- ▶ Representación del Municipio: Como en el régimen común, el Alcalde es el representante legal del municipio.
La figura del Alcalde, por tanto, combina la dirección política y la gestión administrativa, actuando como puente entre la voluntad popular expresada en la Asamblea y la realidad de la administración diaria. Su liderazgo es fundamental para la eficacia del Concejo Abierto.
5. Régimen Electoral del Alcalde en Concejo Abierto
La elección del Alcalde en los municipios que funcionan en régimen de Concejo Abierto presenta particularidades que difieren del régimen general de elección de alcaldes. Estas especificidades se encuentran reguladas en la Disposición Adicional Quinta de la LRBRL y, de forma más detallada, en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
La Disposición Adicional Quinta de la LRBRL establece lo siguiente:
Por su parte, el artículo 183 de la LOREG desarrolla este precepto, especificando que:"En los municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto, la elección del Alcalde se realizará directamente por los vecinos, por sistema mayoritario, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General."
"1. En los municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto, la elección del Alcalde se realizará por sistema mayoritario, resultando elegido el candidato que obtenga el mayor número de votos.
2. En estos municipios, cada elector podrá dar su voto a un solo candidato."
Las características principales del régimen electoral son
Introducción: La Provincia en el Marco del Régimen Local Español
Estimados opositores, bienvenidos a este Tema VI, donde profundizaremos en una de las entidades locales territoriales de mayor relevancia en la estructura administrativa de nuestro país: la Provincia. Comprendida en el Título III de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), la Provincia no es solo una división territorial, sino una verdadera entidad local con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su estudio es fundamental, no solo por su peso institucional, sino por la complejidad de su organización y el alcance de sus competencias, elementos que son objeto recurrente en las pruebas de acceso a la función pública.
Abordaremos su naturaleza jurídica, la composición y funcionamiento de sus órganos esenciales —el Pleno y la Comisión de Gobierno—, y desglosaremos el amplio abanico de competencias que la legislación le atribuye. La rigurosidad en el conocimiento de estos preceptos es clave para superar con éxito el examen, por lo que prestaremos especial atención a los matices y a las interconexiones normativas.
1. La Provincia como Entidad Local: Concepto y Naturaleza Jurídica
Para comprender la Provincia, debemos partir de su definición legal. El Artículo 31.1 de la LBRL establece que:
"La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines."
Esta definición nos revela varias características esenciales:
- ▶ Es una entidad local, al igual que el Municipio, integrándose en el concepto de Administración Local.
- ▶ Su base territorial es la agrupación de municipios, lo que subraya su función de coordinación y asistencia a los mismos, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.
- ▶ Goza de personalidad jurídica propia, lo que le permite actuar en el tráfico jurídico de forma autónoma, ser titular de derechos y obligaciones, y ejercer acciones.
- ▶ Plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, lo que implica que sus competencias no son tasadas de forma exhaustiva, sino que disfruta de una capacidad de acción amplia dentro del marco legal.
El Artículo 31.2 LBRL añade una dimensión adicional:
"Son fines propios de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular, asegurar la prestación integral e integrada de los servicios de competencia municipal y participar en la coordinación de la Administración Local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado."
Este precepto es crucial, ya que define la misión fundamental de la Provincia: actuar como un ente de apoyo y coordinación para los municipios, especialmente aquellos que carecen de recursos suficientes para prestar servicios esenciales. Complementa la autonomía municipal, no la sustituye.
2. Organización Provincial: Los Órganos de Gobierno
La organización de la Provincia se articula a través de la Diputación Provincial o, en los archipiélagos, a través de los Cabildos o Consejos Insulares. En este tema nos centraremos en la Diputación Provincial, que es la forma general de gobierno y administración de la Provincia.
El Artículo 32.1 de la LBRL establece los órganos de gobierno de la Provincia:
"El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras corporaciones de carácter representativo que establezca la legislación del Estado. Éstas estarán integradas por: el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno."
Es importante señalar que la Junta de Gobierno corresponde a la Comisión de Gobierno, siendo una denominación más actual en la legislación posterior, aunque la LBRL mantiene la terminología de Comisión de Gobierno en sus artículos 32.2 y 35.
Los órganos necesarios de la Diputación Provincial, según el Artículo 32.2 LBRL, son:
- ▶ El Presidente.
- ▶ Los Vicepresidentes.
- ▶ El Pleno.
- ▶ La Comisión de Gobierno (salvo en las Diputaciones de menos de 20.000 habitantes o en las que la legislación autonómica establezca otra cosa, donde su existencia es facultativa).
Además de estos, pueden existir otros órganos complementarios que cada Diputación establezca en su Reglamento Orgánico, como las Comisiones Informativas.
3. El Pleno de la Diputación Provincial
El Pleno es el órgano de máxima representación política de la Provincia y el órgano supremo de decisión de la Diputación. Su composición y funcionamiento son aspectos clave.
3.1. Composición del Pleno
Los miembros del Pleno de la Diputación Provincial se denominan Diputados Provinciales. Su elección es indirecta, realizándose a partir de los resultados de las elecciones municipales. El Artículo 204 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), establece el procedimiento para su designación.
El número de Diputados Provinciales varía en función de la población de la Provincia, según la siguiente escala establecida en el Artículo 204.1 LOREG:
3.2. Atribuciones del Pleno
Las atribuciones del Pleno vienen recogidas en el Artículo 33 de la LBRL, y son de vital importancia para el opositor. Enumeraremos las más destacadas:
- ▶ Elaborar y aprobar los reglamentos de organización y funcionamiento de la Diputación.
- ▶ Aprobar y modificar el presupuesto, disponer gastos y aprobar las cuentas.
- ▶ Aprobar los planes provinciales de obras y servicios.
- ▶ Controlar y fiscalizar los órganos de gobierno.
- ▶ Aprobar la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, así como las bases de las pruebas para la selección de personal.
- ▶ Ejercer la potestad reglamentaria en el ámbito de sus competencias.
- ▶ Plantear conflictos de competencias a otras Administraciones Públicas.
- ▶ Aprobar las operaciones de crédito y la concertación de préstamos.
- ▶ Acordar la participación en organizaciones supramunicipales.
- ▶ Resolver los recursos de alzada contra actos de la Diputación.
3.3. Funcionamiento del Pleno
El régimen de sesiones del Pleno se rige por el Artículo 46 de la LBRL, aplicable a todas las Corporaciones Locales. Las sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente.
- ▶ Las sesiones ordinarias se celebran con una periodicidad establecida en el Reglamento Orgánico, que no podrá exceder de un mes.
- ▶ Las sesiones extraordinarias se convocan por el Presidente o a petición de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.
- ▶ El quórum de constitución para la válida celebración de las sesiones requiere la presencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, y en todo caso, la del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les sustituyan (Art. 47 LBRL).
- ▶ Los acuerdos se adoptan, por regla general, por mayoría simple de los presentes, salvo que la ley exija mayoría cualificada.
4. El Presidente de la Diputación Provincial
El Presidente es el órgano unipersonal que ostenta la máxima representación de la Diputación y dirige su gobierno y administración.
4.1. Elección del Presidente
El Presidente es elegido por y entre los Diputados Provinciales, en la sesión constitutiva de la Corporación. El procedimiento se rige por el Artículo 37 de la LOREG (aplicable supletoriamente a las Diputaciones). Requiere mayoría absoluta en primera votación. Si nadie la obtiene, se procede a una segunda votación entre los dos candidatos con más apoyos, resultando elegido quien obtenga mayor número de votos. En caso de empate, se resuelve por sorteo.
4.2. Atribuciones del Presidente
Las atribuciones del Presidente vienen recogidas en el Artículo 34 de la LBRL, y son fundamentalmente de dirección, gestión y representación:
- ▶ Representar a la Diputación.
- ▶ Dirigir el gobierno y la administración provincial.
- ▶ Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión de Gobierno.
- ▶ Designar a los Vicepresidentes y a los miembros de la Comisión de Gobierno.
- ▶ Nombrar y cesar a los titulares de los órganos directivos de la Diputación.
- ▶ Ejercer la superior dirección del personal.
- ▶ Ejercer las acciones judiciales y administrativas en defensa de la Diputación.
- ▶ Desempeñar la jefatura superior de todo el personal.
- ▶ Ordenar la publicación de los acuerdos.
- ▶ Resolver los expedientes de responsabilidad patrimonial.
- ▶ Ejercer cuantas otras atribuciones le correspondan con arreglo a las leyes.
Muchas de estas atribuciones son delegables en la Comisión de Gobierno o en los Vicepresidentes, salvo las de convocar y presidir el Pleno, decidir los empates con voto de calidad, ordenar la publicación de acuerdos y las que la ley declare indelegables.
5. La Comisión de Gobierno
La Comisión de Gobierno es un órgano colegiado de carácter ejecutivo, que colabora con el Presidente en la gestión diaria de la Diputación.
5.1. Composición de la Comisión de Gobierno
La Comisión de Gobierno está integrada por el Presidente y un número de Diputados nombrados libremente por él, de entre los miembros del Pleno. Su número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Presidente (Art. 35.1 LBRL).
5.2. Atribuciones de la Comisión de Gobierno
Las atribuciones de la Comisión de Gobierno vienen recogidas en el Artículo 35 de la LBRL:
- ▶ Asistir al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones.
- ▶ Ejercer las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuya la legislación.
- ▶ Resolver los expedientes de contratación y concesión de obras, servicios y suministros.
- ▶ Aprobar los proyectos de obras y servicios.
- ▶ Conceder licencias y autorizaciones.
- ▶ Aprobar la oferta de empleo público.
- ▶ Ejercer las funciones de control y fiscalización de los órganos de gobierno.
Es fundamental recordar que las atribuciones de la Comisión de Gobierno son, en gran medida, delegadas por el Presidente o atribuidas por la ley en materias de gestión ordinaria. Las decisiones de mayor calado político y estratégico permanecen en el Pleno.
6. Las Competencias de las Diputaciones Provinciales
Las competencias de la Provincia se rigen por los principios de autonomía, suficiencia financiera y coordinación. El Artículo 31.2 LBRL ya adelantaba sus fines, que se traducen en competencias específicas.
6.1. Competencias Propias
El Artículo 36 de la LBRL enumera las competencias propias de la Diputación Provincial. Estas son las que la ley atribuye directamente a la Provincia y que ejerce con plena autonomía.
- ▶ La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada de la totalidad de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial, en los términos de la legislación de régimen local.
- ▶ La