Test de Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)
La Ley de Contratos del Sector Público es uno de los bloques más recurrentes en las oposiciones de Justicia, Administración General del Estado y entidades locales, tanto en fase teórica como en supuestos prácticos. Este test profundiza en los elementos que distinguen la concesión de servicios de otros contratos, el régimen de los contratos menores, el recurso especial, las garantías y las modificaciones sustanciales. Dominar estos matices es clave porque los tribunales valoran la precisión normativa y la capacidad de aplicar criterios jurisprudenciales a casos concretos.
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Estas 5 preguntas salen del propio test. Cada una lleva la explicación con la norma en la que se apoya.
1En la delimitación entre el contrato de servicios y el de concesión de servicios, ¿cuál es el factor determinante para calificar la relación jurídica según la normativa vigente?
- A) La titularidad pública o privada del servicio que se presta al usuario final.
- B) La existencia de una relación directa entre el empresario y el ciudadano beneficiario.
- C) La asunción del riesgo operacional por parte del contratista.
- D) Que el contrato tenga por objeto una de las prestaciones de gestión de servicios públicos identificadas por la Administración.
Respuesta correcta: C. El criterio delimitador esencial es quién asume el riesgo operacional. Si lo asume el contratista, es concesión de servicios; si lo asume la Administración, es un contrato de servicios.
2En los contratos mixtos, ¿qué reglas rigen con carácter general la fase de preparación y adjudicación del contrato?
- A) Las normas correspondientes al contrato de mayor duración temporal.
- B) Las normas de la prestación que tenga mayor importancia desde el punto de vista técnico.
- C) Las normas del contrato cuya prestación sea la principal o cuyo valor estimado sea más elevado.
- D) Las normas que determine el órgano de contratación en los pliegos de cláusulas administrativas.
Respuesta correcta: C. Para la preparación y adjudicación de contratos mixtos, la regla general es aplicar las normas del contrato cuya prestación sea la principal o aquel cuyo valor estimado sea más elevado.
3Un licitador desea interponer un recurso especial en materia de contratación contra los pliegos de una licitación de suministros. ¿Cuál es el requisito de cuantía mínima (valor estimado) para que sea admisible este recurso?
- A) Cualquier cuantía, siempre que sea una Administración Pública.
- B) Superior a 15.000 euros en contratos de suministros.
- C) Superior a 100.000 euros.
- D) Superior a 3.000.000 de euros para el caso de suministros.
Respuesta correcta: C. El recurso especial en materia de contratación es admisible en contratos de suministros y servicios cuyo valor estimado sea superior a 100.000 euros (en obras el umbral es superior a 3 millones de euros).
4El concepto de 'Poder Adjudicador' se mantiene como eje del sistema. ¿Qué implicación tiene este concepto en el régimen jurídico de los contratos?
- A) Permite distinguir los regímenes jurídicos según la entidad contratante sea o no un poder adjudicador.
- B) Unifica todos los contratos bajo el régimen de las Administraciones Públicas, eliminando cualquier distinción subjetiva.
- C) Aplica exclusivamente a los contratos de obras de las Entidades Locales.
- D) Sustituye por completo al concepto de Sector Público, que deja de utilizarse en la ley.
Respuesta correcta: A. El Preámbulo III explica que se mantiene el planteamiento que permite distinguir los regímenes jurídicos de los contratos públicos según la entidad contratante fuera o no un poder adjudicador.
5Indique cuál de los siguientes actos NO es susceptible de ser impugnado mediante el recurso especial en materia de contratación según el texto:
- A) Los acuerdos de rescate de concesiones.
- B) Los encargos a medios propios que incumplan las condiciones legales.
- C) Los anuncios de licitación y los pliegos.
- D) El informe técnico de valoración de las ofertas económicas.
Respuesta correcta: D. El recurso se puede interponer contra anuncios, pliegos, adjudicaciones, modificaciones, encargos a medios propios ilegales y rescate de concesiones, pero no contra informes técnicos de trámite que no decidan directamente el fondo (salvo que impidan continuar).
El test completo tiene 59 preguntas y se corrige sobre la marcha, con la explicación de cada fallo.
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